El equipo de Carmena: «Con la ordenanza de Transparencia en un año todos los funcionarios nos odian»

Manuela Carmena y sus concejales temen que de aquí a un año el cuerpo de funcionarios municipales se enfaden con el equipo de Gobierno que encarna Ahora Madrid. «Todos los funcionarios de aquí a un año nos van a odiar», señala entre chascarrillos un alto cargo del partido a OKDIARIO. Este temor está relacionado con la aprobación de la primera ordenanza impulsada por el partido de la exjueza.

Este miércoles, en el último Pleno del curso antes de las vacaciones de verano, se ha dado la luz verde definitiva a la Ordenanza de Transparencia. Tras un año de duro trabajo en la Comisión de Transparencia, Gobierno Abierto y Participación liderada por el edil Pablo Soto, finalmente la norma ha visto la aprobación.

Tal como señalan fuentes conocedoras del texto y de su elaboración, la nueva normativa municipal tiene un nivel de exigencia muy alto que va a suponer un esfuerzo grande de adaptación a los funcionarios. Actualmente, el Consistorio de la capital de España tiene casi 30.000 empleados públicos, una plantilla similar a la de empresas como telefónicas o bancos multinacionales en España.

Lo cierto es que se han producido manifestaciones ya con Carmena en la Alcaldía con funcionarios quejándose por diversos motivos. La petición de reducción de jornada a las 35 horas semanales la encabezó el grupo municipal del PSOE. Anteriormente, el sindicato Somos Sindicalistas, afín a Podemos, calculó que tan sólo en el área de Desarrollo Urbano Sostenible hay 800 personas sin una tarea asignada. Critican que se hayan externalizado muchas labores en la etapa Gallardón y que van a trabajar sin nada que hacer.

Desde el Consistorio capitalino destacan que la flamante Ordenanza de Transparencia va más allá de lo que marca la legislación estatal. Han sido tan ambiciosos que sólo se han frenado cuando se han topado con un informe técnico negativo que les impedía regular algún aspecto como pretendían ya que chocaba con la ley nacional.

Apunta el equipo de gobierno de Carmena que Madrid estaba el puesto 49 en el Índice de Transparencia de Ayuntamientos de España y ahora será «referencia». Se han incorporado observaciones de la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y expertos municipales.

Fuentes de Ahora Madrid sostienen que los funcionarios tendrán que adaptarse a las solicitudes de información por correo electrónico de cualquier ciudadano en plazo de 15 días. Comprenden que será necesaria una labor de pedagogía para que se incorporen a esta mentalidad.

La ordenanza incluye un catálogo de deberes que incorpora un régimen sancionador. Cuando no se cumplan las obligaciones marcadas un comisionado, que dependerá del Pleno, éste habilitará un sistema de apercibimientos e incluso propuestas de ceses y multas coercitivas, «que no sanciones». También incluye el nuevo texto la posibilidad de resolver contratos por el incumplimiento de una de las partes en materia de transparencia.

Madrid se sitúa también a la cabeza en el registro de lobbies. Por primera vez a nivel local en España, será obligatorio registrarse previamente para mantener reuniones con concejales, titulares de órganos directivos y personal eventual cuando se ejerza actividad de lobby. Para evitar suspicacias, no será necesario registrarse al hablar por la calle con un concejal. Solo será necesario si hay reuniones para intentar influir en las decisiones y votaciones de los grupos.

Tal como recoge el texto aprobado este miércoles:

La cuantía de las multas será de 1.000, 2.000 y 3.000 euros, por cada periodo de 15 días que transcurra, siendo de 3.000 euros a partir del cuarto periodo. La cuantía de las multas coercitivas será independiente de la sanción que pueda imponerse con tal carácter y compatible con ella.

Se trata de una norma que incluye temas como la regulación de las llamadas puertas giratorias, las declaraciones de bienes de los ediles –»aquéllos que no cumplan, que apechuguen», afirman– o temas tan variados como contratos menores, ejecución presupuestaria, recursos humanos, medioambiente, urbanismo y movilidad.