Cinco guardias civiles se niegan a seguir en el dispositivo de seguridad del casoplón de Iglesias

Estar destinado en Galapagar no es plato de buen gusto para los agentes de la Guardia Civil. Menos aún desde que la protección del chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero se convirtió en una sobrecarga para un destacamento que no andaba sobrado de efectivos.

Tres guardias y dos cabos que hoy se encargan de la seguridad estática del domicilio de los dirigentes de Podemos, las 24 horas al día y los siete días de la semana, dejarán de hacerlo la próxima semana. Se han cansado.

Los dos cabos han solicitado nuevo destino después de llevar más de dos años prestando servicio en Galapagar. Estarán en su nuevo destino el próximo martes.

Los tres guardias cesan de sus actuales funciones este mismo domingo. A ellos se sumarán en breve otros dos compañeros que actualmente están en cursos de especialización. Cursos que, una vez superados, les habilitarán para cambiar de destino.

De tal forma que, cuando ese momento llegue, serán cinco los guardias que habrán abandonado el destacamento de la Guardia Civil que se ocupa de la seguridad del domicilio particular de Iglesias y Montero. En total, siete agentes de los actualmente implicados en el servicio, sumando los dos cabos.

El malestar en el equipo es palpable ya que las ausencias no serán cubiertas, al menos de momento. Hasta dentro de un mes no llegarán dos nuevos guardias a Galapagar. Es decir, se marcharán siete agentes, pero sólo está garantizada la incorporación de dos.

El servicio de la Guardia Civil en el casoplón de los dirigentes de Podemos es unipersonal: un guardia por turno de ocho horas durante todo el día. Sólo desde finales de enero los agentes disponen de una garita para guarecerse del frío serrano en invierno.

El de Galapagar es un puesto con sobrecarga de trabajo para la Guardia Civil. Ya antes de que Iglesias y Montero establecieran allí su residencia, debía garantizar con escasos medios humanos la seguridad de dos pueblos (Galapagar y Colmenarejo), con casi 45.000 habitantes y 90 kilómetros cuadrados de demarcación, en unas condiciones criticadas por los guardias.

Así, por ejemplo, el cuartel carece de armeros para que puedan dejar el arma una vez terminan el servicio, por lo que se ven obligados a depositarla en una simple taquilla o llevársela a su casa con su familia. Y las dos mujeres del destacamento no disponen siquiera de vestuario femenino.

Más guardias

El Ministerio de Interior decidió en octubre poner vigilancia en el chalet de Iglesias y Montero. Desde entonces, los guardias civiles quedaron en exclusiva destinados a este servicio, lo que ha generado una gran polémica en el pueblo.

El alcalde lleva meses solicitando a la Delegación del Gobierno que ponga soluciones para que el servicio sobre el chalet no implique un déficit de seguridad en el municipio.

La asociación de guardias civiles Jucil lleva meses denunciando más personal para garantizar con eficacia la seguridad en la Comunidad de Madrid.