Cinco detenidos por el caso de la Diputación de Barcelona comparecen este viernes ante el juez

Cinco de los treinta detenidos hoy en una macrooperación contra una trama de desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona pasarán mañana a disposición judicial ante el titular de Instrucción 1 de Barcelona, mientras el resto ha quedado en libertad a la espera de ser citados por el juez.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), las cinco personas que pasarán la noche en comisaría son el diputado de la Diputación de Barcelona y alcalde de Tordera, Joan Carles García; el subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat, Jordi Castells; el jefe de la Oficina de Cooperación, Jonathan Jorba; el presidente de la fundación CATmón, Víctor Terradelles, y el director de PIMEC hasta 2014, Joaquim Ferrer.

La Policía Nacional ha detenido hoy a 30 personas y ha practicado una veintena de registros por orden del juez que investiga un desvío de más de dos millones en subvenciones para cooperación internacional de la Diputación de Barcelona, durante la primera etapa de CiU.

La mayoría de los detenidos han sido puestos en libertad a lo largo del día, entre ellos el expresidente de la Diputación entre 2011 y 2015, Salvador Esteve, que ejerció el puesto durante la etapa que se encuentra bajo sospecha por un presunto fraude en la concesión de ayudas públicas.

De los detenidos que permanecerán hoy en dependencias policiales, el juez atribuye a Jordi Castells un papel clave en el presunto fraude, ya que sospecha que presionó a funcionarios para que emitieran informes favorables a la concesión de las subvenciones investigadas mientras dirigió el área de Relaciones Internacionales de la diputación.

Miembros del PDeCAT

Otro de los principales detenidos, Víctor Terradelles, es el fundador de CATmón e Igman, las principales entidades que recibieron las ayudas bajo sospecha.

Joan Carles García, alcalde de Tordera (Barcelona) por el PDeCAT y diputado provincial de Barcelona que, según sospecha el juez, formaba un entramado en la Diputación de Barcelona con el también investigado Joaquim Ferrer, miembro de la directiva de PIMEC que había trabajado para el grupo parlamentario de CiU y que dirige dos de las empresas investigadas por el supuesto fraude.