Bonig pone en jaque a Génova: Si le desautoriza, se va

La presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, insiste en su petición de que dejen el acta voluntariamente los concejales del Ayuntamiento de Valencia imputados por supuesto blanqueo de dinero, y éstos tienen diez días desde este miércoles para tomar una decisión.

Boing ha asegurado este miércoles sentirse «total y absolutamente respaldada» por Génova en su decisión de exigir a los nueve ediles su acta. «¿Alguien ha dicho públicamente que no se les pida el acta o que la señora Bonig se ha equivocado? El día que lo digan yo me marcho, así de claro”, ha expresado la lideresa regional.

Los concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia imputados por supuesto blanqueo de dinero han sido suspendidos cautelarmente de militancia pero permanecen como independientes adscritos al grupo popular en el Consistorio, en contra de lo que quiere Bonig y algo que ha permitido Génova.

El papel que desempeñarán los ediles suspendidos en el grupo municipal popular no ha sido aclarado, tan solo que será nombrado portavoz el único concejal que no está imputado, el independiente Eusebio Monzó, y él se coordinará con la gestora del partido en la ciudad para llevar a cabo su labor de oposición en el Consistorio.

En este sentido, el PPCV esperará a que finalice el proceso abierto por la dirección nacional del partido antes de adoptar medidas disciplinarias contra ellos en caso de que no renuncien al acta voluntariamente. Según la Ley Electoral Valenciana, sólo se puede causar baja de un grupo municipal mediante la renuncia voluntaria o la expulsión, dos situaciones que aún no han tenido lugar. Si los concejales no dejan el acta en el plazo de diez días, el PPCV adoptará las medidas que considere oportunas, incluso estudiando la posibilidad de un expediente de expulsión por desobediencia que se remitiría a Génova, aunque éste no se podría iniciar hasta que no concluya el abierto en Madrid porque no puede haber dos investigaciones paralelas.

Así las cosas, Bonig insiste en reclamar el acta de los nueve concejales antes de abrirles un expediente por desobediencia que puede acabar en la expulsión, y que les obligaría a dejar el acta o irse al grupo de los ‘no adscritos’ (grupo mixto). Los ediles, al menos por el momento, se niegan a dejarla.

«Hemos pasado un momento difícil. Probablemente lleguen más, no lo sé», ha adelantado la presidenta del PP regional.

Isabel Bonig tiene muy claro lo que quiere: renovar el PPCV y refundarlo, mediante un Congreso extraordinario. La lideresa regional quiere dejar lejos la imagen más reciente de corrupción que ha desprendido el partido. Por ello, pidió la dimisión de los ediles, dándoles un plazo para que valoraran la decisión que iban a tomar ante las amenazas de que no dejarían el acta sin la apertura de juicio oral.

Ediles y asesores del equipo de Rita Barberá apoyaron la campaña de las elecciones municipales de mayo con 1.000 euros propios cada uno y ahora se investiga si ese dinero se utilizó para blanquear el obtenido de comisiones ilegales que financiaron actos de campaña de la ex alcaldesa, y si esos 1.000 euros les fueron devueltos a los ediles en ‘b’ por el partido después de que los ingresaran en la cuenta oficial que la organización tenía para la campaña electoral de mayo de 2015.

Los concejales confirman que les pidieron 1.000 euros para la campaña pero mantienen su inocencia y niegan que les devolvieran el dinero en ‘b’.