Bolaños intenta esquivar la imputación: descarga en su equipo el control del móvil de Sánchez

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, se ha puesto de perfil en su declaración escrita ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que investiga el espionaje de los móviles del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y de tres ministros: Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Luis Planas (Agricultura). Según ha podido saber en exclusiva OKDIARIO, Bolaños ha echado «balones fuera» y ha culpado a su equipo de ocultarle el espionaje a los miembros del Gobierno.

El ministro, que declaró en calidad de testigo, respondió a las nueve preguntas formuladas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y a tres cuestiones expuestas por el fiscal jefe Jesús Alonso. Fuentes consultadas por este periódico manifiestan que las preguntas elaboradas por el Ministerio Público eran «escasas y repetitivas».

El instructor, que ha mostrado un claro interés en seguir las pesquisas del procedimiento y resolver los interrogantes, preguntó al ministro sobre «quién fue el responsable de ordenar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) examinar los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y los tres ministros con el objetivo de comprobar si los mismos estaban infectados y habían sido intervenidos». El ministro, que teme ser imputado por un delito de imprudencia agravada, manifestó: «No lo sé».

Según fuentes consultadas, Bolaños reflejó en su respuesta escrita que los responsables de realizar dicha función son sus subordinados y recordó al magistrado el real decreto 373/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Bolaños pretende evitar de esta manera que el magistrado detecte indicios delictivos en su actuación y eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo solicitando su imputación.

Hay que destacar que, tras escuchar en sede judicial a la ex directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, y a un miembro de los servicios de inteligencia, el magistrado sopesa que el ministro podría haber cometido un delito de imprudencia agravada, al tratarse de información sensible que afecta a la seguridad nacional, recogidos en los artículos 598 o 601 del Código Penal.

El miembro de los servicios de inteligencia –del que OKDIARIO no desvela su identidad por razones de seguridad– explicó que el control de los teléfonos móviles correspondía a la Secretaría de Presidencia que entre sus funciones tiene «la seguridad de las actividades del presidente del Gobierno y la asistencia en materia de administración económica, personal, mantenimiento y conservación, medios informáticos y de comunicaciones». En ese momento, el magistrado de la Audiencia Nacional consideró que Bolaños –responsable entonces de dicho departamento– podría haber desempeñado un papel de coautor de un delito imprudente en los hechos investigados, puesto que «tenía el deber jurídico» de proteger los terminales y «por no haber empleado la debida diligencia se ha dañado dicho bien», explican a este periódico.

Falso testimonio

Por este motivo, el ministro ha optado por responsabilizar a sus subordinados. Según Bolaños, ellos eran los responsables de velar por la seguridad de los terminales de los miembros del Ejecutivo. Es más, el ministro señaló que sus trabajadores le ocultaron que dichos teléfonos habían sido remitidos al CNI para su posterior examen. Información de la que él no tuvo conocimiento, ha explicado al juez, hasta el 30 de abril. Es decir, dos días antes de anunciar públicamente que los móviles de Sánchez, Robles y Marlaska habían sido intervenidos con Pegasus en un «ataque externo». El terminal de Luis Planas también sufrió un intento de ataque, pero fue fallido.

Sin embargo, fuentes consultadas por OKDIARIO manifiestan que «es imposible pensar que un funcionario del Ministerio de Presidencia solicite al presidente del Gobierno y a los ministros Robles, Marlaska y Planas sus teléfonos móviles y sin informar previamente al titular de dicha cartera y máximo responsable».

Hay que recordar que Bolaños estaba citado como testigo y, por tanto, obligado a decir la verdad para no cometer un delito de falso testimonio recogido en el artículo 458 del Código Penal que dice así: «El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses».

El ministro solicitó su declaración por escrito, derecho al que pueden acogerse los miembros del Gobierno, con el objetivo de evitar que las preguntas del magistrado pudieran dejar al descubierto parte del discurso gubernamental enfocado a responsabilizar del espionaje a la ex directora del CNI Paz Esteban.