La Audiencia reabre la investigación por el atentado de ETA en Santa Pola

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha reabierto la investigación del atentado de ETA con un coche bomba en Santa Pola, Alicante, el 4 de agosto de 2002, que sesgó la vida de una niña de 6 años, Silvia Martínez Santiago, y de un hombre, Cecilio Gallego Alaminos, junto a un cuartel de la Guardia Civil.

La causa se ha reabierto a raíz de la querella interpuesta por Miguel Ángel Rodríguez Arias, abogado la Asociación Dignidad y Justicia, cuya labor ha permitido que crímenes como el de Miguel Ángel Blanco se revisen para determinar si, además de los autores materiales, se puede juzgar a las cúpulas de la organización terrorista que planificaron los asesinatos y dieron la orden para cometerlos.

Así, en un auto del 25 de marzo, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ordena la reapertura del sumario de Santa Pola, así como la práctica de una serie de diligencias que permitan esclarecer la responsabilidad del comité ejecutivo de la banda terrorista en estos asesinatos. En concreto, solicita recabar un informe a las unidades de Información tanto de la Policía como de la Guardia Civil «acerca de cuantos datos obren en su poder que permitan relacionar a Juan Antonio Olarra Gudiri, Ainhoa Múgica Goñi, Féliz IgnacioEsparza Luri, Mikel Albisu Iriarte, Ramón Sagarzu Gaztelumendi y María Soledad Iparraguirre con los asesinatos» por los que ya resultaron condenados los etarras Óscar Celarain Ortíz y Andoni Otegi Eraso.

Otros casos

El atentado con coche bomba de Santa Pola no es el único crimen de la banda terrorista que la Audiencia Nacional reabre para investigar a la cúpula de ETA a través de la doctrina de la autoría mediata, por la que no solo es culpable quien aprieta el gatillo, sino también quien da la orden de matar.

Esa es precisamente la estrategia jurídica que sigue Dignidad y Justicia para perseguir a los líderes etarras y que ha permitido abrir nuevas investigaciones. Entre ellas, la relativa al asesinatos del magistrado del Tribunal Supremo José Francisco de Querol y Lombardero, la del crimen del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco o la del ataque a la T-4 del aeropuerto de Barajas.

A ellas se suma ahora la investigación del atentado con coche bomba de Santa Pola, que costó la vida a dos personas y dejó numerosos heridos después de que los etarras Óscar Celarain Ortíz y Andoni Otegi Eraso estacionaran un vehículo cargado con más de 100 kilos de explosivos en las inmediaciones de un cuartel de la Guardia Civil. Según la sentencia que los condenó, ambos terroristas «se limitaron a recoger el coche bomba ya preparado».

Por ello, la Asociación Dignidad y Justicia sostiene en la querella que ha permitido reabrir la investigación que los dos condenados «no disponían por sí mismos de absolutamente ninguna infraestructura» por lo que sólo la cúpula de la banda pudo «proveer al comando de una tal cantidad de explosivos y de tales medios ya preparados». Señalan, por esta razón, que detrás de los dos terroristas desplazados a Santa Pola, «ETA debió movilizar y coordinar mínimo a 10 personas distintas».

Ahora, el objetivo de la Audiencia Nacional pasa por determinar quiénes eran, quiénes orquestaron el ataque que provocó la muerte de la pequeña Silvia Martínez Santiago y de Cecilio Gallego Alaminos.