El alto cargo socialista imputado por malversación en el caso Alquería se niega a dimitir
El ex presidente de la Diputación de Valencia por el PSOE y alcalde de Ontinyent por La Vall ens Uneix, Jorge Rodríguez, ha asegurado este miércoles que no dimitirá tras la decisión del juez de abrir juicio oral contra él por el caso Alquería, en el que Fiscalía Anticorrupción le reclama ocho años de cárcel, y ha defendido que «en ningún momento nos hemos llevado un céntimo a casa».
A su juicio, dimitir sería un «fraude» para la ciudadanía que le eligió como alcalde un año después del origen de este caso. «No me planteo la dimisión en ningún momento; si no, directamente no me hubiera presentado (a las elecciones)», ha recalcado.
Así lo ha indicado en declaraciones en Ontinyent, donde se han presentado las obras del nuevo colector de aguas residuales, que resultó afectado por la DANA y en el que se invertirán siete millones de euros, un día después de hacerse público que el juez del caso Alquería ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el ex alto cargo del PSOE, dos de sus asesores en la corporación provincial, tres exgerentes de Divalterra y nueve personas más por presuntas irregularidades en contrataciones de personas afines a PSPV y Compromís en esta empresa pública.
Jorge Rodríguez ha reiterado que «desde el momento cero» sabían que este momento tenía que llegar porque «era prácticamente imposible que, con una operación policial digna de un yihadismo o de una situación de etarras o así, todo acabara con archivo cuando tanto instructor como fiscal fueron los que solicitaron y autorizaron la detención» en su día tanto de él mismo como de sus colaboradores y el resto de acusados.
No obstante, también ha mostrado «esperanza» ante el juicio porque ha asegurado que siempre han querido defender su inocencia «y lo cierto es que, hasta ahora, el hecho de que el juez nos haya denegado sistemáticamente todo lo que hemos ido pidiendo, no lo ha hecho posible».
Por ello, valoran poder llegar al juicio oral en el que sostiene que podrán «hacer ver que el gran debate que originó tantas detenciones y dos años y medio de instrucción es si hay siete contratos bien hechos o mal hechos y que esa gran malversación de fondos es precisamente los sueldos que cobraba la gente por realizar funciones directivas y que, por hacer su trabajo, tenía que cobrar».
‘Yonki del dinero’
En esta línea, ha manifestado que le «llama la atención» que el fiscal pida para los acusados «la misma pena de prisión que al ‘yonki del dinero’, que él mismo confesó que saqueó la empresa» –en alusión a Marcos Benavent, el exgerente de Imelsa, que posteriormente pasó a llamarse Divalterra–.
A juicio de Rodríguez, esto es algo que imagina que «entrará dentro del propio relato del fiscal, que es el mismo que mantiene desde el 27 de junio de 2018», en el momento de su detención. «Hemos pasado dos años de instrucción que podrían haberse ahorrado porque ni el juez ni el fiscal hacen mención alguna a nada de lo que hemos aportado las defensas», ha sostenido, aunque recalca que, pese a todo, siguen confiando en la Justicia y en que en el juicio pueda defender y «demostrar nuestra inocencia».
No obstante, ha incidido en que no va a dimitir «en ningún momento» porque cree que «sería un fraude para la ciudadanía de Ontinyent» puesto que, cuando se presentó a las pasadas elecciones municipales, ya con La Vall ens Uneix, «desgracidamente ya había vivido la detención y el relato de los hechos de entonces es el mismo de ahora, no ha cambiado ni un ápice».
«En ningún momento nos hemos llevado un céntimo a casa ni puesto la mano en la caja; todo lo contrario, hemos intentado contratar a gente que pusiera orden en una empresa que había sido saqueada de forma sistemática durante toda la etapa del PP», ha defendido.
Para Rodríguez, «al final el grave delito que hemos cometido ha sido contratar a siete personas que pensábamos que podía ser a través de un contrato de dirección y el fiscal entiende que no, y pagar el sueldo a las personas que iban a trabajar todos los días y hacían sus funciones directivas».
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