Almeida dice que el PP debe asumir lo ocurrido con Bárcenas y que los rivales «aprovecharán la tormenta»

El portavoz nacional del Partido Popular y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no ha querido mantenerse al margen del caso que afecta en estos momentos a su partido. Almeida ha reconocido este viernes que las últimas informaciones sobre el caso Fondos Reservados son «preocupantes» y ha asegurado que el partido no puede «no asumir» lo «ocurrido».

En una entrevista en esRadio, Almeida ha señalado que el PP no puede desligarse de su trayectoria pero tampoco puede «asumir» que el PSOE y Podemos pretendan deslegitimarlos como «principal fuerza de oposición» para dejarles «fuera de juego».

«Por ahí no vamos a pasar ni lo vamos a permitir», ha advertido el portavoz ‘popular’, que ha pedido dejar a los jueces trabajar y al Estado de derecho que «haga lo que tiene que hacer». Así, ha pedido a la Fiscalía que se guíe por los criterios de «objetividad e imparcialidad».

En esta línea, Almeida ha señalado que el PP está preparado para «lo que tenga que salir», aunque ha criticado que el Gobierno trate de «utilizar» la Kitchen como un elemento contra su partido y no para «desentrañar lo ocurrido».

Así, el portavoz ha opinado que «va a haber una tormenta aprovechada» por los «adversarios» del PP «a los que no les interesa la Kitchen, ni la regeneración, ni la transparencia, ni la democracia», sino atacar a la formación que lidera Pablo Casado.

Almeida se ha expresado así después de que PSOE y Unidas Podemos registrasen este jueves en el Congreso su petición para que la Cámara cree una comisión de investigación sobre la denominada Kitchen, como se denominó el operativo supuestamente desplegado desde el Ministerio del Interior para espiar el extesorero del PP Luis Bárcenas.

En concreto, el texto registrado por los dos grupos que conforman el Gobierno de coalición, recogido por Europa Press, solicita que la Cámara investigue «la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de gobierno del Partido Popular».