La Abogacía del Estado deja tirada a la Guardia Civil y no acusará a los narcos que mataron a dos agentes en Barbate
Estupor e indignación entre familiares y amigos de las víctimas por dejarles tirados
Los acusados buscan una sentencia de conformidad, que permita rebajar sus penas
La Abogacía del Estado no se ha personado como acusación en el ataque que mató a dos agentes de la Guardia Civil e hirió a otros cuatro cuando fueron arrollados por una narcolancha en Barbate, la noche del 9 de febrero de 2024. El caso se queda en manos de la fiscalía junto a acusaciones particulares de los familiares de las víctimas.
Según han confirmado a OKDIARIO fuentes jurídicas, las acusaciones personadas en la causa son los familiares de las víctimas, Miguel Ángel González y David Pérez, en calidad de particular y como popular, diversas organizaciones y asociaciones de la Guardia Civil, como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) y la Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil, además de otras entidades como la Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada (ADIVE).
Varios de los letrados que los representan manifiestan su estupor por la ausencia del abogado del Estado, que no figura entre las acusaciones, en nombre del Ministerio del Interior. Aseguran, además, que la indignación se ha desatado entre los familiares y amigos de las víctimas.
Todas las partes representadas y convocadas para el viernes 13 están sorprendidas por esa «incomparecencia» del abogado del Estado, que debiera acusar en nombre del Ministerio del Interior. Se trata de un representante público que siempre suele actuar en nombre del ministerio en este tipo de asuntos, en atentados terroristas contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De hecho, recientemente el Gobierno de Pedro Sánchez no dudó en utilizar los servicios de la Abogacía del Estado, cuando tuvo que defender los intereses del ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
Pero en esta ocasión, en nombre del Estado y para garantizar el cumplimiento de la ley, actuará, tan solo el Ministerio Fiscal, como en cualquier otro caso de cualquier otra naturaleza. La fiscalía de este caso ha trasladado a las partes la voluntad de los dos acusados, el piloto Karim El Baqqali y otro de los tripulantes de la embarcación, Yassine El Morabet, de obtener una sentencia de conformidad. O lo que es lo mismo, obtener una pena inferior a cambio de su confesión y el pago de las indemnizaciones establecidas.
Las penas solicitadas por las acusaciones particulares son de algo más de 119 años de cárcel para el piloto de la narcolancha, Karim El Baqqali, y una indemnización por dos millones y medio de euros, por dos delitos de asesinato consumado y otros cuatro de intento de asesinato, atentado contra la autoridad y daños, mientras que la acusación popular pide un total de 98 años de prisión, por los mismos delitos.
Precisamente, el viernes 13 están convocadas las partes para dirimir el intento de acuerdo que han planteado por parte de los acusados, según han confirmado estas mismas fuentes a este periódico. Sin embargo, los consultados advierten que la sentencia de conformidad que persiguen «tiene escasos visos de prosperar».
En la mencionada reunión no está presente la Abogacía del Estado, tal como se solía hacer en casos de asesinatos de ETA, cuando el Ministerio del Interior ejercía la acusación, para asegurar la condena por delitos de asesinato y atentado contra agentes de la autoridad y, en su caso, para defender los intereses patrimoniales de la administración ante los posibles daños materiales.
De hecho, el Ministerio del Interior ha sido objeto de investigaciones judiciales en relación a este caso. El ministro Marlaska ha recibido numerosas críticas por parte de las acusaciones y de la oposición, en el Congreso de los Diputados, debido a las deficientes condiciones de seguridad en las que operaban los agentes atacados por la narcolancha, con resultado de dos muertos y cuatro heridos.
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