Sánchez le quita dinero a los alcaldes y a la vez les promete un nuevo sistema de financiación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les ha propuesto un negocio a los alcaldes muy poco ‘apetecible’, lo que puede hacer estallar en los próximos días el consenso habitual que había en la Federación de Municipios y Provincias (Femp) entre el PP y el PSOE, que priorizaba tradicionalmente el desarrollo local a las cuestiones políticas. En definitiva, Sánchez quiere enjugar el déficit del Estado durante esta crisis con 11.000 millones de euros del superávit municipal y a cambio les deja gastar 5.000 millones en dos años y el resto en 10 más.

Básicamente, lo que pretende el Ejecutivo socialcomunista, según la tercera propuesta revisada por el Ejecutivo para el mundo local, es lo siguiente: ganar liquidez a costa de los ayuntamientos que han hecho los deberes en los últimos años y, a cambio, devolverles parte de ese dinero -pero sólo una parte- para financiar algunos gastos de interés ideológico para el Gobierno central. Habrá dinero para cultura o urbanismo sostenible, pero no para apoyar a hosteleros, para dar soporte a las pymes y autónomos o para la limpieza diaria de los municipios, temas que sí que se han visto muy afectados por la crisis del coronavirus.

El Ejecutivo busca llegar a un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) que preside Abel Caballero en el que, en resumen, insta a los ayuntamientos a entregar todo el superávit que tengan y que no pueden gastar al Estado y a cambio el Gobierno establecerá el siguiente mecanismo: les devolverá el 35% del dinero que le entreguen a Hacienda en dos años y el resto lo irán recibiendo, poco a poco, durante diez años más con la distribución que defina el Ejecutivo central. Lo que se puede llamar un buen negocio para el Estado y un mal negocio para los ayuntamientos.

Ante el enfado del PP, el Gobierno prometió retoques en el pacto que busca con los alcaldes para mantener el status quo pero finalmente sólo ha incorporado un párrafo en la exposición de motivos que dice lo siguiente: «El Gobierno, consciente de esta importancia, prevé ampliar las competencias y capacidades de los gobiernos locales, garantizando el respecto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios como unidad territorial básica. Estas reformas, junto con el nuevo sistema de financiación local que se realizará en paralelo con la autonómica, se desarrollarán a lo largo de la legislatura».

Es decir, que básicamente lo que hace el Ejecutivo es coger el dinero de los alcaldes a corto plazo y prometer que -a medio y largo plazo- habrá una nueva financiación y más competencias. Pero surge la siguiente pregunta: ¿Con qué dinero si los ingresos tributarios del Estado se están desplomando un 30% y se espera un déficit del conjunto de las administraciones superior al 10%?

Por el momento, este jueves 30 de julio estaba prevista una reunión en la Femp para presentar y aprobar el acuerdo entre el Gobierno de España y esta institución, pero finalmente según las fuentes consultadas por OKDIARIO se va a retrasar al lunes.

El préstamo ‘voluntario’ de los alcaldes a Sánchez y los fondos europeos

Otro punto llamativo del acuerdo que propone el Gobierno en la Femp, que se ha quedado en las diferentes versiones pactadas entre Caballero y el equipo de Sánchez sin el visto bueno del PP, es que los ayuntamientos deberán entregar  «voluntariamente» al Gobierno sus fondos disponibles fruto del superávit y que después de eso se decidirán qué fondos europeos reciben. Hay que recordar que las ayudas de la UE a los municipios se gestionan desde La Moncloa.

La petición de los fondos municipales disponibles y superavitarios se realiza de forma generalizada a todas las entidades locales bajo el manto de la necesidad de dinero por el coronavirus. Pero tiene un truco: la inmensa mayoría de los 15.000 millones de euros en superávit local se encuentra en municipios gobernados por el PP.

El Gobierno, de este modo, pretende que los ayuntamientos y diputaciones españoles le presten durante un largo plazo de 12 años la totalidad de los ahorros acumulados durante los últimos ocho años y, a cambio, permitirles gastar, durante los próximos dos años, una tercera parte de un dinero que corresponde a los vecinos. El resto del dinero sería devuelto por el Gobierno a lo largo de los próximos 10 años, aunque, eso sí, la propuesta excluye el calendario de pagos, lo que supone que las entidades locales no podrán utilizar la totalidad de sus ahorros durante la próxima década y, por lo tanto, la asfixia financiera de los mismos está garantizada.