Nuevo revés a los exfranquiciados contra Restalia: el juez rechaza derivar su caso a la Audiencia Nacional
Hace apenas unos meses, la denuncia de un grupo minoritario de exfranquiciados contra Restalia por supuesta estafa se archivaba en un auto demoledor al considerar el juez de instrucción que contenía «un totum revolutum de imputaciones sin ninguna clase de fundamento, que no son sino valoraciones interesadas y muy subjetivas». El juez conocedor del caso vuelve a rechazar su petición de derivar el caso a la Audiencia Nacional, según ha conocido OKDIARIO.
Tras el varapalo de principios de año, los denunciantes, liderados por los exfranquiciados Enrique Cebeira, Julián García y José Antonio Lombardía y representados por los abogados Rafael Franco y José Luis González-Montes, del bufete Cremades & Calvo, se han ido enfrentando a sucesivos batacazos.
Así las cosas, los querellantes argumentaron en su escrito que el juez instructor no tenía la competencia necesaria para investigar el hecho en cuestión, sabedores, además, del ruido mediático que esto generaría, mecanismo que ha formado parte de su estrategia de presión desde el principio.
Finalmente, el juez ha desestimado la declinatoria y confirma la competencia objetiva del juzgado de instrucción 52 de Madrid, juzgado que archivó el caso en primera instancia el pasado mes de enero.
Tras este nuevo intento fallido, parece que el proceso sigue su curso habitual, y será la Audiencia Provincial, tras el recurso presentado por los denunciantes pidiendo la reapertura del caso, quien se encargue de confirmar el archivo en segunda instancia.
No hay indicios de delito
Fue el pasado 30 de enero cuando el juez archivaba la denuncia contra Restalia al no encontrar indicios de delito alguno. «La hipótesis delictiva de que todos los denunciados constituyen una organización criminal no supera el análisis más básico que se pueda realizar (…) y se obvia, por la razón que sea, el gran número de franquiciados de The Good Burger, 100 Montaditos, La Sureña o La Sureña Blue, que actualmente siguen abiertos al público, y pensemos que con una actividad económica lo suficientemente rentable como para mantenerse en el negocio», argumentaba el auto de archivo al que ha tenido acceso este digital.
Dicha denuncia contra Restalia, aunque interpuesta en el verano de 2021, saltó a los medios un año después, en junio de 2022. El archivo del caso del caso en esta primera instancia, explicó Restalia entonces, «confirma que ni Restalia ni ninguno de sus directivos cometieron delito alguno, habiendo actuado siempre con plena sujeción a la ley», e insiste en la situación de «absoluta indefensión» sufrida «mientras se publicaban noticias filtradas por los interesados totalmente sesgadas que han causado un daño muy relevante, no solo a Restalia, sino también a los cientos de franquiciados que mantienen sus negocios abiertos».
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