La querella en la Audiencia Nacional por la estafa de inversión en cannabis suma ya 1.700 afectados

El número de querellados españoles por la presunta estafa de inversión en cannabis de la compañía neerlandesa Juicy Fields llegan a 1.700 de los 40.000 que estarían afectados por un posible esquema Ponzi. La empresa ofrecía rentabilidades adicionales de hasta el 66% a lo invertido y ahora la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella.

Algo más de 1.000 afectados se han personado a través de la Asociación de Afectados por Inversiones en CBD con una demanda colectiva. El magistrado Manuel García-Castellón, conocido por casos como el del excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo, ha incluido en esta causa, presentada por el despacho de abogados Emilia Zaballos, a 117 inversores que denunciaron en comisaría y cuyos nombres han sido aportados por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. El total lo completan los querellantes de otros dos despachos de abogados.

Los diferentes bufetes personados se reunirán próximamente para trazar una estrategia común y ofrecer sus servicios a los 117 afectados que no cuenten aún con representación legal. “La clave es que no nos dejemos llevar por los egos y busquemos el fin común más allá del protagonismo individual por una estafa única en España”, señala uno de los letrados a OKDIARIO.

García-Castellón, según un auto fechado el 15 de septiembre al que tuvo acceso Efe, considera que concurren elementos indiciarios “que permiten suponer la comisión de un delito de estafa con múltiples perjudicados”. El juez sospecha que la presunta estafa puede ser de “varios millones de euros” dada la cantidad de perjudicados. Zaballos Abogados tiene constancia de inversiones de hasta 100.000 euros por persona. La tipología de inversores es diversa: matrimonios, parejas, grupos de amigos, familias… los afectados ascenderían a más de 120.000 por todo el mundo.

El magistrado ha abierto diferentes diligencias entre las que incluye la identificación de los presuntos responsables, averiguar la trazabilidad del dinero invertido y su destino, la titularidad de las cuentas y se requiere a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que informe sobre el “conocimiento que pudieran tener de la actividad de Juicy Fields”. La empresa no tenía el visto bueno del supervisor del mercado español para operar, pero sí contaba con oficinas en España.

Los querellantes entienden que se trata de una estafa por el esquema Ponzi, que se basa en atraer inversores o clientes y pagarles sus rendimientos con fondos que se consiguen de nuevos ahorradores. Juicy Fields ofrecía invertir en la plantación, cultivo y recolección de marihuana para venderla posteriormente como CDB. Es decir, como uso terapéutico.

Una vez cosechada la plantación en la que se había invertido, la empresa te devolvía los prestado más un beneficio adicional de entre el 29% y el 66%, según cómo hubiese ido la cosecha. Se podía aportar hasta 180.000 euros a través de una transferencia de dinero fiat o con criptomonedas. La única información requerida al cliente era un correo electrónico para poder comunicarse y una cuenta bancaria, o un wallet (monedero electrónico) en caso de que se operase con criptodivisas, para realizar los pagos. La empresa se evaporó el 13 de julio.