La guerra de Irán lleva la inflación al 4,9% en septiembre, la tasa más alta en tres años y medio

Numerosos expertos e institutos de análisis advirtieron hace unos meses que el verdadero ‘shock’ de precios por la guerra en Irán llegaría después del verano y así ha sido. En septiembre, cuando se cumplen siete meses completos desde que los EE.UU. e Israel lanzaran sus ataques sobre el país persa y este respondiera con el cierre del estrecho de Ormuz, la inflación en España se ha disparado hasta el 4,9% interanual, que es la tasa más alta en tres años y siete meses, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este dato llega a apenas unos días de que desaparezcan el grueso de las rebajas fiscales aprobadas por el Ejecutivo para enfrentar esta crisis y el mismo día en que el Gobierno se dispone a aprobar el que será el tercer Real Decreto ‘anticrisis’ desde que empezara el conflicto, que deberá ser mucho más quirúrgico porque a nuestro país apenas le queda margen para bajar impuestos sin que se dispare el déficit, según advirtió la Airef recientemente.

Para encontrarse con avance mayor en el IPC al registrado este mes hay que remontarse a febrero de 2023, cuando nuestro país apenas empezaba a dejar atrás lo peor de la espiral inflacionaria que siguió a la invasión rusa de Ucrania y el consiguiente ahogo del flujo de gas y petróleo desde Rusia. Hoy como ayer, las materias primas energéticas vuelven a ser la razón de esta subida de precios. Puesto que se trata de una cifra preliminar, Estadística aún no precisado en cuánto queda el alza de las gasolinas y la luz en el noveno mes del año, pero sí especifica que el repunte de los carburantes para vehículos es la principal razón que explica este mal resultado, algo que en todo caso es evidente.

Con el barril de crudo Brent -el de referencia en Europa- cotizando hoy en los 99 dólares, un 40% más que antes de que empezara el conflicto, y sin visos de bajar pronto, los precios en las gasolineras españolas ya se sitúan en el entorno de 1,90 euros/litro tanto para el gasóleo como la gasolina, hecho que acentúa el potencial -vía costes del transporte- del carburante como correa de transmisión que contagie esta crisis al resto de la economía.

Si de eso se trata, los datos de septiembre no son demasiado halagüeños, pues el INE apunta a que el IPC subyacente, un indicador que elimina del análisis los elementos más volátiles del paquete -energía y alimentos no elaborados- para ofrecer una fotografía más ‘estructural’ de los precios, ha escalado hasta el 3,1%, la tasa más alta desde marzo de 2024. Esto indica algo que también avanzaron los analistas, y es que pasado el verano la escalada de precios empezaría a trasladarse hacia los productos no-energéticos.

Con todo, el camino queda expedito para que el Banco Central Europeo (BCE) continúe por la senda de endurecimiento de su política monetaria que inauguró el pasado mes de junio con la primera subida de los tipos de interés en tres años, que tuvo una réplica el pasado diez de septiembre con otra alza que dejó el tipo de referencia (facilidad de depósito) en el 2,5%. El dilema que tiene sobre la mesa el consejo de gobierno del supervisor europeo no es sencillo, ya que tendrá que enfrentar una crisis que es de oferta y que, por tanto, le obligará a conjugar la necesaria contención de precios con la necesidad de mantener engrasadas las economías europeas, que -a excepción de España y algún otro país periférico- no terminan de despegar.

Se da la circunstancia, además, que el que más crece es el que más sufre el ‘rally’ del IPC, pues hay que recordar que ese 4,9% de inflación en nuestro país se sitúa nada más y nada menos que tres puntos por encima de ese 2% que los banqueros centrales recomiendan como un valor que permite evitar la deflación a la vez que aupar el avance del PIB.

Estos datos del INE coinciden con la celebración de un Consejo de Ministros este martes que se será clave, ya que el Gobierno se dispone a aprobar el que será el tercer paquete ‘anticrisis’ -en su terminología- desde que empezara el conflicto en el Golfo Pérsico. A apenas un par de días de que caduquen la mayor parte de las medidas del segundo Real Decreto, el Ejecutivo se dispone a presentar un listado de retoques fiscales que se prometen difíciles de conjugar con la realidad, pues no hay que olvidar que nuestro país llega a esta crisis con un margen fiscal muy inferior al que disponía allá por febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, y con una seria advertencia por parte de la Comisión Europea contra las rebajas de impuestos generalizadas.

La tesis de Bruselas es que bajar el IVA -por ejemplo- espolea el consumo y, por tanto, la subida del IPC, y esa fue la razón que le llevó a criticar el primer Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de marzo, que incluía una minoración del gravamen para las gasolinas, la luz, el gas y los combustibles de calefacción (pasó del 21 al 10% en todos los casos).

A partir de julio, y en sustitución de ese esquema, entró en vigor un paquete fiscal con medidas más quirúrgicas, que incluía una reducción gradual -hasta su eliminación en 2028- del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, ayudas específicas para sectores como el transporte o la agricultura y una recuperación escalonada de la fiscalidad normal del Impuesto de Hidrocarburos (IEH) de la que podían beneficiarse todos los conductores.

Está por ver qué medidas incluye el Real Decreto que previsiblemente se aprobará hoy y cuál es su efecto en la evolución de la inflación en los meses venideros. Como ya se ha avanzado, uno de los principales problemas que tiene el Ejecutivo es que apenas le queda margen fiscal, pues la factura de las medidas aplicadas hasta marzo asciende ya a los 6.825 millones de euros y, según advirtió recientemente la Airef, el margen que ofrece el esquema fiscal europeo ya está técnicamente agotado y hace que nuestro país quede a expensas de la decisión que tome Bruselas para no incumplir las reglas este año; en puridad, esto significa que España queda a expensas de que la Comisión amplíe la cláusula de salvaguardia a las medidas notificadas por el Gobierno.