El Gobierno al juez de EEUU sobre los embargos a la Selección: «Sólo buscan avergonzar a España»
El Gobierno se defiende ante el juez que ha dado luz verde a embargar pagos a la Selección de fútbol este verano en EEUU
Los impagos a las renovables del Gobierno de Pedro Sánchez y Sara Aagesen siguen dejando a España en entredicho en medio mundo. El Ejecutivo ha pedido ahora al juez de Estados Unidos que frene esos embargos porque el fondo «sólo busca avergonzar a España internacionalmente». El juez había dado luz verde a que el fondo acreedor de la deuda de 47,6 millones de dólares más intereses requiriera a Adidas y otras empresas que identificaran los pagos a la Selección española de fútbol durante el Mundial de fútbol de este verano, que se celebrará en EEUU.
El Gobierno asegura en su escrito al juez -de finales de abril- que los requerimientos de embargos realizados por el fondo acreedor a empresas como Adidas, Hilton -donde se alojará la Selección española en EEUU durante el Mundial-, o Baylar School -las instalaciones donde va a entrenar el equipo español de Luis de la Fuente- son improcedentes puesto que tanto la Real Federación Española de Fútbol como la Selección son organismos de gestión privada y no se pueden considerar públicos a la hora de retener sus ingresos o pagos a terceros.
«Las citaciones judiciales relacionadas con el Mundial forman parte claramente de un intento de acosar y dañar la reputación de España, ya que su aparente objetivo principal es obtener información sobre personas y entidades privadas que representan a España en el ámbito internacional», señala el Gobierno en el escrito presentado ante un tribunal federal de Nueva York, al que ha tenido acceso la prensa especializada local.
Según argumenta España en el escrito ante el juez de EEUU, las citaciones realizadas a estas empresas darán información «relacionada con las estancias en hoteles de la selección nacional, el contrato de patrocinio de un jugador con Adidas o posiblemente los planes de viaje personales de un ministro». Se trata de cuestiones que explica que «no tienen nada que ver con el descubrimiento de los activos de España».
El Gobierno dice que estas citaciones son inútiles porque están fuera del ámbito de lo público. «Por lo tanto, los esfuerzos del demandante para obtener la información solicitada en las citaciones parecen ser un intento descarado de interferir en las actividades de la selección nacional española y avergonzar a España como país en relación con un evento global de alto perfil, no un esfuerzo legítimo para descubrir información relacionada con el cumplimiento de la sentencia», señala.
España ha pedido la suspensión de estos requerimientos y de los embargos de bienes nacionales, aunque en Estados Unidos van de derrota judicial en derrota judicial. En total, hay 27 acreedores que han ganado los respectivos laudos en el Ciadi por los impagos a las renovables de Sánchez, que han acudido a la justicia ordinaria de países como EEUU o Reino Unido para intentar cobrar las indemnizaciones. La deuda asciende ya a más de 2.300 millones, incluidos intereses de demora y costes judiciales.
El origen de este conflicto es de 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió aprobar unas primas a las inversiones en energías renovables del 25%. Cuando llegó a Moncloa Mariano Rajoy en 2012, para reducir el déficit y la deuda heredadas de Zapatero, decidió unilateralmente bajar esas primas al 7%.
Los fondos inversores acudieron en masa al centro de arbitraje internacional del Ciadi, del Banco Mundial, que les fue dando mayoritariamente la razón y condenando a España a pagar indemnizaciones. El Gobierno de Sánchez decidió entonces no pagar esos laudos con el argumento de que Bruselas se lo prohibía ya que se considerarían ayudas de Estado.
El siguiente paso de los fondos acreedores fue acudir a los juzgados ordinarios de EEUU, Reino Unido, Australia y otros demandando a España para cobrar su indemnización. Los juzgados de estos países están dando la razón mayoritariamente a los fondos, que están ya en el paso de pedir embargos de bienes españoles en esos países, como éste que afecta a la Selección y a su participación en el Mundial de fútbol del próximo mes.
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