El Gobierno ‘feminista’ de Sánchez veta una deducción de 9.000 euros por contratar mujeres embarazadas

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación con especialidad en Economía. Redactor de economía y empresas en OKDIARIO y autor de 'La economía a través del tiempo' en el Instituto Juan de Mariana. Miembro de la junta directiva del Centro Diego de Covarrubias.
• • 03/05/2024 14:34
  • Actualizado: 26/02/2025 14:47

El Gobierno de Sánchez ha vetado la tramitación de una proposición de ley registrada por Vox en el Congreso que buscaba ofrecer deducciones fiscales de hasta 12.000 euros a las empresas por contratar mujeres embarazadas o padres y madres de familias numerosas. El Ejecutivo considera que la medida supondría un coste de 178 millones de euros y que, por ello, alteraría las partidas presupuestarias.

La formación de Santiago Abascal presentó el pasado 29 de febrero una propuesta para reformar el Impuesto de Sociedades, con el fin de introducir deducciones fiscales de entre 9.000 y 12.000 euros al año para la contratación de mujeres embarazadas y de padres y madres de familia numerosa o con hijos con discapacidad.

Sin embargo, el Gobierno feminista ha optado por vetar esta medida al considerar que es demasiado cara. En concreto, el Ejecutivo, que constitucionalmente tiene capacidad de veto en iniciativas legislativas que alteran los Presupuestos, ya sea por merma de ingresos o por incremento del gasto público, ha bloqueado su tramitación parlamentaria impidiendo que llegue siquiera a debatirse en la Cámara Baja.

En su escrito, el Gobierno de coalición, compuesto por PSOE y Sumar, alega que aprobar las deducciones que propone Vox «representarían un coste estimado de 178 millones de euros», una cantidad que para los políticos feministas resulta excesivo.

«Se considera que la aprobación de la proposición de ley es susceptible de producir en los Presupuestos Generales del Estado una disminución de ingresos presupuestarios», apostilla el Ejecutivo.

El Gobierno y las embarazadas

Pero además de la cuestión presupuestaria, el Gobierno asegura en su explicación del veto que el Impuesto de Sociedades «ya cuenta con incentivos para promover la contratación empresarial».

En concreto, apuntan al artículo 38, donde se regula una deducción de 9.000 euros anuales en el impuesto por la contratación de personas con discapacidad de entre el 33% y el 65%. A partir de ese porcentaje, la deducción asciende hasta 12.000 euros. Así, el Ejecutivo recuerda que también hay deducciones por contribuciones empresariales a los sistemas de previsión social empresarial.

Sin embargo, Vox ha denunciado el veto a una medida que, según mantienen, supondría «numerosas ventajas» tanto para el empleo como para la sociedad en su conjunto.

«El Gobierno ha decidido hacer nuevamente un uso arbitrario de su potestad de veto», dice la formación, que critica la justificación presupuestaria al entender que la recaudación tributaria en la actualidad está en niveles récord.

El aumento del IVA compensa los costes

Es más, tan sólo la subida del IVA de la electricidad hasta el 21% y del gas hasta el 10% en marzo, unido al incremento del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 0,5% al 2,5% durante el primer trimestre del año ha elevado los ingresos de Hacienda en 201 millones de euros, según los datos registrados por la Agencia Tributaria. Este dinero obtenido de forma extraordinaria sería más que suficiente para cubrir la medida.

Además, el Gobierno tardó mucho tiempo en bajar el IVA de la electricidad y del gas al 0% y al 5%, respectivamente, cuando el precio de la luz estaba por las nubes, alegando incluso que Bruselas no se lo permitía, algo que fue desmentido incluso por la Comisión Europea. Sin embargo, ante la vuelta de los precios de la electricidad a niveles más bajos, Sánchez decidió elevar de nuevo los impuestos poco a poco desde el 1 de enero.

«La afirmación se realiza en un momento en el que España ha obtenido una recaudación récord de impuestos nunca antes vista en la historia del país», recuerda Vox, que explica que el Ejecutivo también vetó hasta en dos ocasiones su propuesta de ley de ELA alegando motivos económicos.

En esta ocasión, la insistencia dio sus frutos. El Congreso de los Diputados acabó dando el visto bueno a la tramitación de la Ley Orgánica para sacar adelante la ley ELA tras tres intentos.

El primero, gracias a la decidida presión del Partido Popular y que presentó su propuesta con el apoyo mayoritario de la Cámara. También presentó su propio texto Junts y en el pasado mes de abril el PSOE y Sumar, arrinconados por la iniciativa y presión de los populares.

Además, personalidades públicas como el ex futbolista Juan Carlos Unzué pusieron en diversas ocasiones el grito en el cielo, para exigir un paquete de medidas que mejore la calidad de vida de estos pacientes.