Los expertos anticipan un aluvión de deshaucios cuando se levante la suspensión del Gobierno

En un mes y medio se producirá un auténtico aluvión de procesos de desahucios. Ocurrirá cuando el 9 de mayo termine la prohibición del Gobierno de desalojar a los inquilinos morosos. Es el pronóstico de los expertos legislativos y administrativos, que consideran que la decisión del Gobierno de suspender los desahucios debido a la crisis del coronavirus es sólo una patada hacia adelante que no soluciona el problema de fondo.

«Van a producirse miles y miles y miles de desahucios en los próximos meses. La medida del Gobierno no va a solucionar nada y, además, está hecha con mala leche porque toda la legislación que se está aprobando afecta a la clase media alta. Sin lugar a dudas, 2022 va a ser mucho peor que 2021 ya que confluirán los procedimientos concursales, los desahucios y las consecuencias de los ERTE», dice a este periódico Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España. El Gobierno aprobó en enero un decreto ley que ampliaba la suspensión de desahucios hasta el fin del estado de alarma -9 de mayo- de aquellas personas vulnerables en situación sin alternativa habitacional.

Los gestores administrativos también critican la propuesta de Podemos de incluir la limitación de los desahucios en la futura Ley de Vivienda. Por el momento, el partido de Pablo Iglesias ha llegado a un acuerdo con el PSOE para limitar los desahucios, aunque todavía no han concretado qué supuestos se aplicarán.

«Es una barbaridad. Olvidamos que en este país hay un porcentaje importantísimo de arrendadores que han utilizado sus ahorros para invertir en viviendas con la finalidad de recibir una pensión cuando se jubilen», dice el responsable de los Gestores, quien cree que el Gobierno está espantando la inversión. «Está diciendo a la gente que no invierta, no compre, que no haya emprendimiento porque en el caso de que haya problemas el que se va a beneficiar es el arrendador. Eso significa que nos podemos cargar un sector como la construcción y la promoción inmobiliaria», dice Jesús Santiago Ollero.

Los gestores administrativos también critican la propuesta de Podemos de incluir la limitación de los desahucios en la futura Ley de Vivienda

El dato de ejecuciones hipotecarias es otro de los termómetros que mide la situación económica del país. Los últimos datos de INE desvelan que las ejecuciones sobre hipotecas llegaron a las 7.367 en 2020, lo que supone un aumento del 37,4% respecto al año anterior y el dato más elevado desde 2017.

La tendencia ha cambiado y los expertos anticipan un aumento de las cifras en los próximos meses. Albert Guivernau, profesor de OBS Business School explica los principales motivos: los procesos de ejecución hipotecaria son complejos y lentos -se puede demorar incluso uno o dos años-, y porque estamos afrontando una crisis económica como nunca habíamos visto. «Hay que tener en cuenta que tenemos a 900.000 personas que están en ERTE y que podrían llegar a sufrir un ERE. Las cifras de ejecuciones hipotecarias guardan una enorme correlación con lo que sucede a nivel de empleo. Las mayores cifras de paro fueron en 2013 y el pico de las ejecuciones hipotecarias se produjo en 2014», advierte.