Defensa adjudica a Indra y EM&E los programas para adquirir nuevos obuses por 7.240 millones

El Ministerio de Defensa ha adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) los contratos para el desarrollo de los programas de modernización militar para los nuevos sistemas de artillería de ruedas y de cadenas por un importe conjunto cercano a los 7.240 millones de euros, según figura en el portal de contratación del Estado.

De esta forma, la cartera que dirige Margarita Robles ha formalizado así la elección de Indra y EM&E para el desarrollo de estos programas, dado que la mencionada UTE ya había recibido una prefinanciación de 3.000 millones de euros a través de dos préstamos públicos sin intereses. Por un lado, el importe de la adjudicación para el suministro del sistema de artillería autopropulsada sobre ruedas se eleva a casi 2.686 millones de euros y la prefinanciación asignada fue de 1.181 millones de euros.

En tanto, la adjudicación para el suministro del sistema de artillería de cadenas asciende a 4.554 millones de euros y el préstamo público sin intereses fue de 1.821 millones de euros.

La UTE de Indra y EM&E «es la única empresa capacitada»

La adjudicación de ambos contratos se ha realizado sin publicidad debido a que, según ha argumentado el Ministerio de Defensa, la UTE de Indra y EM&E «es la única empresa capacitada técnicamente para el desarrollo del proyecto».

En este contexto, cabe recordar que Indra trabaja en una potencial fusión con EM&E, un operación que la semana pasada recibió el visto bueno unánime del consejo de administración de Indra, que considera que se trata de un movimiento «coherente» con el plan estratégico de la compañía.

No obstante, tiene cierto grado de complejidad debido a los conflictos de interés derivados del hecho de que el presidente de Indra, Ángel Escribano, sea el copropietario de EM&E junto a su hermano y presidente de EM&E, Javier Escribano, quien, a su vez, es consejero dominical en Indra.

De hecho, EM&E es el segundo mayor accionista de Indra, con una participación del 14,3%, tan sólo por detrás del Gobierno, que posee un 28% de la compañía a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).