Daiwa y Deloitte avalaron el rescate de Plus Ultra, investigado por la Justicia

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 17/12/2025 05:45
  • Actualizado: 17/12/2025 05:45

El rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra, ahora bajo la lupa de la Justicia, fue avalado por el banco de inversión japonés Daiwa y por la consultora Deloitte, una de las big four, cuyo papel queda ahora cuestionado por estas investigaciones. Ambas firmas dieron su nihil obstat a la operación, si bien se apoyaron en los informes positivos de la propia SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

Los rescates de las empresas «estratégicas» por el fondo de rescate de la SEPI durante la pandemia debían ser avalados por los técnicos de la SEPI y por dos expertos independientes: uno jurídico sobre la legalidad de la operación (Deloitte en el caso de Plus Ultra) y otro financiero sobre la viabilidad económica del rescate (Daiwa en esa ocasión).

Y ambas firmas avalaron tanto la legalidad como la viabilidad del cuestionado rescate de 53 millones de euros. Ahora bien, en sus informes dejaban claro que se basaban exclusivamente en la información proporcionada por la propia SEPI; es decir, la SEPI se escudaba en los informes independientes y éstos a su vez se cubrían las espaldas con la SEPI, en una especie de círculo vicioso que denunció OKDIARIO en su día.

Estas precauciones se explican porque todos los implicados eran conscientes de que el rescate de Plus Ultra no cumplía ninguna de las condiciones exigidas por la normativa del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la SEPI: ni era una aerolínea estratégica -tenía sólo tres aviones y las rutas que operaba tenían mucha competencia-, ni sus problemas se derivaban exclusivamente de la situación creada por el covid, ya que no era viable con anterioridad al cierre de los aeropuertos.

De hecho, los peritos judiciales que intervinieron en la primera causa judicial sobre el rescate declararon en 2022 que Plus Ultra estaba en causa de disolución y que utilizó un préstamo participativo para eludir esa situación y así poder acceder al rescate público.

Presión del Gobierno

Sin embargo, el Gobierno presionó a la SEPI -que dirigía en la sombra el ahora imputado Vicente Fernández Guerrero, como también desveló entonces este periódico- para forzar esos informes positivos. El propio José Luis Ábalos ha reconocido a OKDIARIO que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero le presionó a él a su vez para facilitar el rescate de Plus Ultra.

En la inyección de dinero público a esta aerolínea con conexiones con el régimen dictatorial de Venezuela, tuvo un papel principal dentro del Gobierno la entonces secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, número dos de Nadia Calviño. De la Cueva fue la mayor defensora del rescate en el consejo del FASEE (compuesto por altos cargos socialistas), y presentó su dimisión cuando se abrió la primera investigación judicial sobre la operación.

Tras el escándalo del rescate de Plus Ultra, los funcionarios de la SEPI se plantaron y congelaron los rescates de empresas posteriores por temor a incurrir en responsabilidades penales como las que ahora se están dilucidando en la Audiencia Nacional.

En cuanto a firmas como Daiwa y Deloitte, muchas se apuntaron a la lista de asesores del FASEE por la falta de negocio durante la pandemia. En dicha lista figuraron las big four (aparte de Deloitte, KPMG, PwC y EY), algunos importantes bufetes como Ramón y Cajal, Cuatrecasas o Garrigues, si bien no entró ninguno de los grandes bancos de inversión norteamericanos. Y de la banca española, la única entidad que ejerció ese papel fue CaixaBank.