El coste de prorrogar las ayudas a los autónomos cuadruplica el presupuesto reservado por Escrivá
El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha cifrado este miércoles el coste de prorrogar cuatro meses, hasta el 31 de mayo, la prestación extraordinaria por cese de actividad a los autónomos en unos 2.000 millones de euros, en línea con el importe que ha tenido en los meses anteriores. Una cifra que supone multiplicar por cuatro los fondos que el Ministerio tiene reservados para esta partida en los Presupuestos de este organismo para 2021: 551 millones de euros.
Según los datos de ejecución presupuestaria de la Seguridad Social, hasta noviembre el coste para las arcas públicas de la prestación para los autónomos ha ascendido a 4.650 millones de euros, lo que supone una media de 515 millones de euros mensuales desde que se puso en marcha, en marzo, durante el primer estado de alarma decretado por el Gobierno.
Ahora, tras el preacuerdo alcanzado el lunes con las principales asociaciones de autónomos del país, ATA, UPTA y UATAE, las ayudas que ha dado el Gobierno a este colectivo serán superiores que al principio e incluso a las de la primera prórroga -que finaliza el 31 de enero-. En función del nuevo pacto con el sector, a partir de febrero pueden pedir estas ayudas los autónomos que no hubiesen recibido la prestación desde marzo, requisito que sí existía anteriormente. Además, ahora podrán solicitar las ayudas los autónomos que acrediten que han perdido un 50% de su facturación, frente al 75% requerido desde marzo. Además, se incluyen también por primera vez ayudas para los autónomos de temporada.
Ahora podrán pedir estas ayudas los autónomos que no hubiesen recibido la prestación desde marzo, los que acrediten que han perdido un 50% de su facturación, frente al 75% requerido desde marzo, y los autónomos de temporada
Esto significa que el coste para la Seguridad Social podría aumentar si continúa la expansión de la pandemia por el país y se incrementan las restricciones a la apertura de los negocios por parte de los diferentes gobiernos regionales. La irrupción de una tercera ola de coronavirus en España ha obligado de nuevo a las comunidades autónomas a decretar reducciones de aforo en la hostelería y adelantos en la hora de cierre de todos los negocios en gran parte del país. Medidas que tendrán sin duda sus consecuencias en términos de más problemas para los autónomos, dueños generalmente de los pequeños negocios.
2.500 millones de euros en cinco meses
De momento, la prórroga de cuatro meses más de las ayudas apunta a que, sólo con que se repita la media de coste de 2020, supondrá 2.500 millones de euros en coste para la Seguridad Social en los cinco primeros meses del año. Se trata de un nuevo problema para las cuentas de este ya de por sí maltrecho organismo -por las pensiones- puesto que en los Presupuestos de la Seguridad Social para 2021 hay reservado para las prestaciones a este colectivo 551 millones de euros.
Lo mismo sucede con los ERTE, que también han sido prorrogados hasta el 31 de mayo, y que de momento siguen estables en el entorno de los 700.000 trabajadores. La cifra es inferior a los 3,4 millones de abril, durante el pico de la primera ola y del confinamiento, pero en los últimos meses no ha bajado al ritmo de los meses de verano debido a la tercera ola.
El ministro Escrivá ha cuantificado en 5.000 millones de euros el incremento de los costes derivados de la prórroga de los ERTE, mientras los Presupuestos de 2021 incluyen 1.153 millones de euros para estas ayudas
El ministro Escrivá ha cuantificado en 5.000 millones de euros el incremento de los costes derivados de la prórroga de los ERTE. Como sucede con las prestaciones para los autónomos, el Gobierno no ha reservado fondos suficientes en los Presupuestos de 2021 para afrontar este incremento del gasto.
Los Presupuestos de 2021 incluyen 1.153 millones de euros para los ERTE, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, declaró durante la presentación de los presupuestos en el Congreso en diciembre pasado que había margen para mover partidas porque las cuentas no eran departamentos estancos y cerrados.
Además, el Gobierno no tendrá ya el salvavidas de las ayudas de los fondos europeos. El Ejecutivo ha recibido algo más de 21.000 millones de euros de dinero europeo del programa SURE en 2020. Sin embargo, esos fondos ya se han agotado puesto que el coste total ha desbordado ya esa cifra hace algunos meses.
Las opciones del Ejecutivo pasan por tanto por pedir ese dinero a los inversores internacionales, o al BCE, que está comprando la mayoría de la deuda española en las subastas, y elevar déficit público.
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