Competencia planta cara al lobby del taxi

Los taxistas españoles consiguieron acabar con Uber en España, pero les ha surgido un poderoso enemigo: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo planta cara al sector y, de imponerse su criterio, podrán entrar en el mercado nuevos competidores y ganar fuerza otros ya establecidos, como los asociados a la aplicación Cabify.

 No se habla mucho de él, pero uno de los lobbies con mayor capacidad de influencia frente a los gobiernos locales y autonómicos es el del sector del taxi. Desde hace años se opone, y en los últimos tiempos no han faltado episodios de violencia, a cualquier intento de liberalización del transporte urbano de pasajeros.

A  principios del mes de septiembre, saltaron todas las alarmas en las asociaciones de taxistas. La CNMC hacía un requerimiento al Ayuntamiento de Córdoba para que derogara 14 artículos de la ordenanza municipal que regula el sector en la ciudad, aprobado el pasado mes de marzo.

El texto del regulador ha encendido las alarmas de las principales asociaciones de taxistas tanto de la localidad andaluza como del resto de España, puesto que pone en entredicho la legitimidad de un sistema que cierra la posibilidad a una mayor competencia.

Como ha explicado a Okdiario un taxista madrileño que ha estudiado a fondo los problemas de la hiperregulación del sector, “no hay diferencias significativas entre los distintos reglamentos de las grandes ciudades”. Estas normativas “imitan el número de licencias por habitante, el área de prestación del servicio, los requisitos para adquirir el permiso municipal, el número de licencias que se pueden adquirir por persona, el tipo de vehículo, las facilidades y privilegios que ha de ofrecer el ayuntamiento, etcétera”.

Los problemas de las licencias de taxi

Varios de los artículos de la norma cordobesa contra los que se ha expresado la CNMC son los que contemplan diversos aspectos del sistema de licencias. En ellos se establecen límites al número de estos permisos que pueden existir en la ciudad en la actualidad y el futuro, a quienes pueden poseerlos y en qué cantidad o se exige la “dedicación plena y exclusiva”. Además, se regula en extremo la transmisión por compra-venta o por herencia de las licencias.

Tampoco gusta a la CNMC que la antigüedad máxima del vehículo a la hora de adquirir una licencia sea de dos años o las duras restricciones que impone el consistorio para contratar conductores diferentes de los poseedores de las licencias. 

Uno de los puntos que más ha molestado al lobby del taxi es el referido a las tarifas. El regulador se opone a la existencia de tarifas fijas. Defiende que exista un precio máximo y que los profesionales y empresas puedan competir ofreciendo sus servicios por una cantidades menores a esas. También está en juego en qué momento se establece la bajada de bandera al solicitar un taxi por teléfono o mediante otro sistema como aplicaciones de móviles.

El ayuntamiento cordobés establece que se empieza a cobrar desde el mismo instante en el que el vehículo arranca, mientras que la CNMV pretende que se pueda elegir entre esa opción o que la bajada de bandera fuera al recoger al pasajero. Los precios se convertirían así en un elemento que los clientes tendrían en cuenta para optar por un servicio de taxi y otro.

El poder de las asociaciones, que juegan un papel importante en asuntos como la fijación de tarifas o la gestión de objetos perdidos, tampoco gusta al regulador. Competencia cree que atenta contra la Ley de Unidad de Mercado y que deja fuera de juego a aquellos profesiones que no forman parte de ninguna organización.

Estas asociaciones gozan de un gran poder en general. Las mayores de ellas llevan años oponiéndose a cualquier intento de liberalización del sector. No actúan, aún así, de forma coordinada y los ayuntamientos suelen ceder a las presiones de las que consideran más representativas.

Licencias VTC, una alternativa al taxi

En los últimos tiempo han adquirido especial fuerza las organizaciones que se oponen a las llamadas “flotillas”, empresas que gestionan más de una licencia, y que haya más libertad para las VTC (licencias de arrendamiento de vehículo con conductor). Estas últimas son las que permiten funcionar, por ejemplo, a Cabify. Sus conductores, que son autónomos, no pueden ser parados en la calle por un cliente, pero sí pueden ir a buscarle al punto en el que se le indique. La ley permite un máximo de una VTC por cada 30 licencias de taxi en una ciudad.

La CNMC lanzó a finales de 2014 una Consulta pública sobre los nuevos modelos de prestación de servicios y la economía colaborativa. En el documento Objetivos públicos que persigue la regulación ya se mostraba muy crítico con el sistema de taxis vigente y reclamaba una mayor libertad para las VTC.

En dicho documento, la CNMC destacaba que los requisitos que se impone a la VTC son una “barrera de entrada a nuevos operadores de pequeño tamaño”. Contemplaba los inconvenientes que genera el sistema actual de funcionamiento del taxi. Sostenía que el sistema de licencias municipales aumenta el tiempo de espera y genera una falta de incentivos para mejorar la calidad. De la fijación de tarifas decía que elimina la competencia en el precio y de los requisitos sobre conductor y vehículo destacaba que eleva el coste del servicio.