La Audiencia deja fuera del ‘caso Villarejo’ a Repsol, La Caixa y el Estado como responsables civiles

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al comisario José Manuel Villarejo por los trabajos realizados para Repsol y La Caixa en el denominado ‘proyecto Wine’, ha acordado este lunes dejar fuera del juicio tanto a la fundación como a la energética y a la Administración del Estado después de que las acusaciones particulares y la Fiscalía hayan renunciado a ir en este momento contra las responsables civiles subsidiarias.

Así lo ha anunciado la presidenta de la Sección Cuarta, Teresa Palacios, quien ha explicado que, dada esa renuncia de los presuntos perjudicados de esta pieza 21 del caso Tándem, las personas jurídicas que constaban como responsables civiles subsidiarios y sus letrados podían abandonar la sala.

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 40 años y medio de cárcel para Villarejo por esos trabajos realizados para Repsol y La Caixa en el que ambas compañías trataban de defender sus intereses frente a una estrategia de Sacyr para hacerse con un número importante de acciones de la petrolera en 2011.

Por su parte, la representación legal del empresario Luis del Rivero ha interesado que tanto al presidente de Repsol, Antonio Brufau, como al presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, declaren en el plenario como testigos dado que ambos prestaron declaración como investigados en instrucción y dado que ambos ordenaron hacer averiguaciones sobre las estrategias de la constructora a sus responsables de seguridad.

En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal solicita además una pena de 32 años y medio para el socio de Villarejo, Rafael Redondo, 21 años para el subdirector de Servicios de Apoyo de la dirección de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Girona, 28 años para el responsable de Seguridad de Repsol Rafael Araujo y 21 años para el ex responsable de Seguridad de La Caixa Miguel Ángel Fernández Rancaño.

Señalaba entonces que tanto Repsol como La Caixa y la Administración del Estado debían ser condenados como responsables civiles subsidiarios. Si bien ahora se ha retractado y ha modificado el escrito interesando eliminar esta petición.

A todos les encausados se les imputan diversos delitos que van desde el cohecho pasivo y activo al descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros y a la falsedad en documento mercantil.

La Audiencia Nacional ha ordenado recientemente la apertura de juicio oral a Villarejo y su socio por sus trabajos para Iberdrola y tiene pendiente hacer lo mismo en el caso de la contratación del ex comisario por el BBVA durante 17 años.

Tal y como recuerda Anticorrupción a lo largo de 15 folios, en agosto de 2011 Sacyr Vallehermoso, entonces presidida por Luis del Rivero, y la mexicana PEMEX alcanzaron un acuerdo relativo al ejercicio de su derecho de voto de forma sindicada en la petrolera española. Esto permitía que sumando la participación de ambas mercantiles llegarían a controlar casi un tercio del total.

Para hacer frente a esto, recuerda la Fiscalía, «los más altos directivos de Repsol adoptaron diferentes medidas», y una fue recabar información sobre ese pacto, para lo que se sirvieron de su dirección de Seguridad Corporativa, a cuyo frente se encontraban los encausados Rafael Araujo y Rafael Girona.

Anticorrupción indica que estos, «para cumplir con el mandato de sus superiores», contactaron en octubre de 2011 con Villarejo «a sabiendas de que se encontraba en servicio activo como Comisario del Cuerpo Nacional de Policía y que podía servirse de dicha condición». Así, le encargaron una investigación inicialmente dirigida a recabar toda la información posible sobre Luis del Rivero, incluyendo aquella relacionada con sus actuaciones relativas al pacto que, como presidente de Sacyr Vallehermoso, había alcanzado con el Grupo PEMEX para tomar ‘de facto’ el control de Repsol.

Apunta que esa primera investigación se fue ampliando llegando a desarrollarse hasta mediados del año 2012. Y añade que a ese encargo se sumó la entidad Caixabank, como accionista de referencia de Repsol, haciéndolo a través del encausado Miguel Ángel Fernández Rancaño en su condición de director de Seguridad.

Ese encargo se materializó en lo que Villarejo denominó ‘proyecto Wine’ y se canalizó «a través del complejo entramado societario del que era titular real denominado Grupo CENYT». En ese marco sitúa la participación de Rafael Redondo, abogado y asesor jurídico de la empresa.