La sentencia saldrá en 2023

Euforia en la Superliga tras el juicio: «Hemos demostrado que UEFA es una empresa egoísta y cerrada»

La Superliga ha quedado satisfecha con la vista del juicio contra UEFA y FIFA celebrado en el Tribunal de Justicia de la UE

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final champions league
Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA. (AFP)

El caso Superliga ha quedado visto para sentencia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los dos días que ha durado la vista que enfrenta a los clubes que integran el innovador proyecto contra UEFA y FIFA han concluido y el optimismo no puede ser mayor por parte de los rebeldes, que esperan que la Justicia les dé la razón. Habrá que esperar hasta el 15 de diciembre para conocer la opinión no vinculante del Abogado General del TJUE y no será hasta 2023 cuando se sepa la resolución definitiva de un caso que ha puesto en jaque al orden establecido en el fútbol continental.

Según ha podido saber OKDIARIO, el sentir de la Superliga respecto a cómo se ha desarrollado el juicio es más que positivo. Consideran que los jueces han entendido dónde se encuentra el debate, tras las preguntas sobre el derecho de la competencia que han realizado a lo largo de las dos sesiones. Algo que ha confirmado a este medio uno de los abogados de la Superliga, Jean-Louis Dupont, que ya sabe lo que es ganar a los poderes del fútbol europeo, puesto que fue el letrado de Jean-Marc Bosman en los años 90, dando pie a un cambio legislativo en la UEFA. Algo que, de darles la razón el TJUE, volvería a suceder.

«Nos vamos de esta cita con el sentimiento de haber podido por fin explicar que la Superliga es un intento respetuoso de innovar para el bien de todos», revela Dupont. También consideran que ha quedado bastante claro quién es el organismo que debe supervisar el proyecto: «El verdadero regulador es la Comisión Europea y no una empresa egoísta y cerrada [UEFA]».

La Superliga busca poner fin a lo que consideran un monopolio por parte de la entidad que preside Aleksander Ceferin. Algo que, de ser así, iría en contra de las propias leyes de la Unión Europea. Además, creen que por parte de la propia UEFA y de FIFA han cometido un supuesto abuso de posición dominante al bloquear el proyecto alternativo que sustituiría a la actual Champions League.

A lo largo de las dos jornadas que ha durado la vista en el TJUE, más de 20 países –entre los que figura España– se han pronunciado en contra de los intereses de los clubes de la Superliga, alegando que su creación supondría un perjuicio para los equipos de sus países y señalando además que la competición que proponen es un «cártel». Algo que también apuntaron los representantes de la organización comandada por Ceferin.

Ante estas acusaciones, los abogados del proyecto encabezado por Real Madrid, Barcelona y Juventus señalaron que, en la actualidad, bajo el yugo de UEFA, «hay 20 países que están excluidos del acceso a la Champions League, solicitando que se valore «el nivel de apertura de otras propuestas» como la que encabezan. Además, el abogado de A22 Management, asesora de la Superliga, apuntó que «lo que buscan los clubes no es romper un modelo, es hacerlo crecer y mejorar los ingresos para todos, ensanchando la base de ingresos».

Sanciones excesivas

Lo que sí que ha reconocido la Comisión Europea han sido los posibles excesos en las sanciones con las que se intentó tumbar el proyecto, dando a entender que el abuso de poder que reclama la Superliga sí que existió. UEFA amenazó a los 12 clubes fundadores con expedientarlos y expulsarlos de sus competiciones y, una vez que nueve de esos equipos se echaron para atrás, los sancionó con una multa de 15 millones y una retención del 5% de los ingresos recibidos por su participación en las competiciones continentales durante una temporada.

Más allá de considerar que los objetivos que tenían esas acciones tomadas por Ceferin fueran «legítimos», ven excesiva la expulsión de los jugadores participantes en la Superliga de sus respectivas selecciones nacionales. Además, se ha reprendido a FIFA que hay posibilidad de que sus normas de autorización no estén vinculadas a «criterios claramente definidos, transparentes, no discriminatorios, controlables y aptos para garantizar un acceso efectivo al mercado».

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