La Guardia Civil pide al Gobierno máxima seguridad en Castilla y León para evitar boicots en la Vuelta

La seguridad de los ciclistas es uno de los temas más preocupantes de la Vuelta a España. El ejemplo perfecto fue cómo todo el mundo vio la caída de Javi Romo por culpa de un activista propalestino intentando boicotear la etapa. Es por ello que la Guardia Civil ha pedido con urgencia un aumento de efectivos al Gobierno para que no vuelva a repetirse un caso similar en Castilla y León.

Concretamente, lo ha hecho la asociación profesional IGC este lunes a la Delegación del Gobierno de Castilla y León, donde ha solicitado «una seguridad operativa» para los corredores para abrirles el paso en la contrarreloj de la etapa de este jueves en la capital vallisoletana.

La división policial ha depositado su confianza en que Jacinto Canales, subdelegado del Gobierno en Valladolid, cumpla con el despliegue de seguridad donde anunció la presencia de hasta 240 agentes y que aplique el criterio sancionador a «cualquier intento de sabotaje» en la carrera.

La Guardia Civil pide contundencia en los castigos

En el comunicado pusieron de ejemplos los incidentes que hubo en Bilbao y en Angliru que pusieron en riesgo la integridad de los ciclistas para pedir la expulsión de Israel en la Vuelta: «Ponen en serio peligro la seguridad tanto de los corredores como de los motoristas que les abren paso. Tras los graves episodios anteriores, es imprescindible que la administración aplique todos los recursos necesarios para salvaguardar la protección de los deportistas y guardias civiles», explicó el vicepresidente y portavoz de IGC, Daniel Fernández.

«Esperamos que se traduzcan en medidas eficaces sobre el terreno. Quienes intenten sabotear la prueba, deben recibir un castigo proporcional al daño que puedan causar», añadió. En esa línea, han pedido que dicho despliegue «se extienda con la misma contundencia la seguridad para los guardias civiles que velan para el desarrollo de la prueba».