El gobierno socialista de Mallorca abrirá un centro de menores en Palma donde está prohibido hacerlo
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El gobierno socialista de Mallorca abrirá un centro de menores en Palma donde está prohibido hacerlo, en una casa de la zona rural y residencial de Puntiró. Para ello, el pleno del Consell ha declarado este equipamiento social de interés general con los votos favorables de la coalición de PSOE, independentistas de Més y Podemos.
Una artimaña legal para poder saltarse así la normativa legal vigente, ya que tanto el Plan General de Palma como el Plan Territorial de Mallorca prohíben su instalación en una finca adquirida para este fin por el gobierno insular la pasada legislatura.
La propiedad fue adquirida a dedo por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) por 1.250.000 millones de euros, en un lugar donde no se puede ubicar un equipamiento asistencial, puesto que este uso está prohibido en todo este entorno.
Una compra directa tras fracasar un concurso público convocado para adquirir una vivienda con una capacidad para 15 personas para albergar este centro, si bien la finalmente adquirida a dedo sólo puede albergar un máximo de once.
La finca no cumple los metros cuadrados necesarios para habilitar un centro de menores tutelados de entre 13 y 17 años, ni la legalidad urbanística permite la instalación de un equipamiento asistencial de esta naturaleza, que además cuenta con el total rechazo de los vecinos de la zona, que ya han advertido de que llevarán el caso a los tribunales.
Desde las filas del PP, el conseller no ejecutivo Mauricio Rovira denunció «la mala praxis» que lleva a cabo el IMAS en este procedimiento y calificó como «nefasta» la tramitación de este recurso asistencial.
«Alguien hizo mal las cosas y lo está intentando arreglar ahora. Quince no caben si no se arregla y se compró para quince y se declaró desierto, porque los que se presentaron no cumplían y éste tampoco. Por eso, está mal todo desde el principio», advirtió Rovira, cuya formación votó en contra al igual que el resto de partidos de la oposición como Vox.
La formación liderada en Baleares por Jorge Campos acusó en un comunicado al equipo de gobierno de la institución insular liderado por la socialista Catalina Cladera de «hacer lo que le da la real gana».
«Pisotear las leyes»
«PSOE, Més y Podemos se han empecinado en hacer un centro de menores en un lugar que no cumple con la legalidad territorial ni urbanística. Se han empeñado en hacer el centro de menores en Puntiró, caiga quien caiga».
El portavoz de Vox en el Consell, Toni Gili, subrayó que su partido ha votado en contra de la declaración de interés general porque, una vez más, «la izquierda está dando un ejemplo nefasto».
«De sus acciones podríamos deducir que todos podemos pisotear las leyes al igual que hacen PSOE, Més y Podemos. ¿O sólo sociatas, indepes y comunistas pueden hacer lo que les da la gana? Es muy grave que quienes gobiernan intenten piratear las leyes vigentes para cumplir sus deseos», lamentó Gili.
Tras precisar que Vox defiende la creación de centros de menores, el conseller no ejecutivo de este partido defendió su apertura «en los lugares oportunos, en los sitios permitidos por la ley porque las leyes y normas son iguales para todos», advirtiendo, por ello, a la presidenta Cladera a tener mucho cuidado «o habrá alguien que se le suba a la chepa. Haga el centro donde la normativa lo permite y déjese de líos y conflictos que, al final, van a costar una millonada a los mallorquines”, remachó Gili.
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