La estafa del alquiler que hizo saltar las alarmas en Palma: detenido por hacer contratos ‘fantasma’
El arrestado, de nacionalidad boliviana, consiguió más de 5.500 euros de tres víctimas
Escándalo en el sector inmobiliario de Palma. La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de nacionalidad boliviana, acusado de montar un elaborado entramado para cobrar alquileres en nombre de una reconocida inmobiliaria local, falsificando contratos y utilizando documentación casi idéntica a la oficial para engañar a inquilinos desprevenidos.
La investigación, liderada por el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos, arrancó tras la denuncia presentada por el responsable de una inmobiliaria de Palma, quien descubrió graves anomalías en varios arrendamientos. Lo que parecía un simple error administrativo terminó destapando una presunta estafa perfectamente planificada.
Según fuentes policiales, el detenido habría llegado a arrendar al menos tres viviendas gestionadas por la empresa sin autorización, apropiándose de su nombre comercial, su logotipo e incluso de sus documentos corporativos. Su método buscaba un objetivo claro: otorgar apariencia de legalidad a operaciones totalmente fraudulentas.
Los agentes apuntan a que el sospechoso no solo imitaba la documentación oficial, sino que también manipulaba los contratos de arrendamiento, sustituyendo la cuenta bancaria de la inmobiliaria por dos cuentas personales de su control. Así, los inquilinos, convencidos de estar firmando acuerdos legítimos, habrían transferido los pagos directamente al presunto estafador.
Hasta ahora, la Policía Nacional ha logrado localizar a tres personas perjudicadas, que habrían abonado un total de 5.714 euros en alquileres presuntamente desviados. No obstante, los investigadores advierten de que la cifra podría aumentar conforme avance la revisión de otros contratos sospechosos. La inmobiliaria afectada no descarta que existan más operaciones en las que el detenido hubiera intervenido para desviar fondos.
La detención del presunto autor, efectuada el pasado viernes, pone de relieve la creciente sofisticación de los delitos económicos y tecnológicos en el mercado inmobiliario, un sector especialmente vulnerable a la falsificación documental y a la suplantación empresarial.
Por el momento, la investigación continúa abierta. El Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos trabaja para determinar si existen más afectados, si se han firmado nuevos contratos fraudulentos y si el perjuicio económico podría ser mucho mayor al detectado en esta primera fase. Mientras tanto, la noticia ha generado inquietud entre profesionales del sector y usuarios de servicios inmobiliarios, que alertan sobre la necesidad de extremar la verificación de documentos y datos bancarios en cualquier proceso de alquiler.
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