El drama del carné de coche en Baleares: opositores que pierden su plaza y alumnos que huyen a la Península para examinarse

Las autoescuelas de las Islas Baleares han dicho basta. Tras meses intentando canalizar propuestas con los altos cargos de la Dirección General de Tráfico (DGT), la respuesta del departamento integrado en el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska ha sido el silencio y la falta de soluciones efectivas.

Javier Díaz, experto en seguridad vial y portavoz del sector, califica en una entrevista la actitud gubernamental de «una vergüenza» y denuncia que el quebranto económico de esta «nefasta gestión» lo están asumiendo en exclusiva los centros de formación y los ciudadanos.

«No se apaga el hambre de 8.000 personas con 200 bocadillos»

En los encuentros celebrados en Madrid con el director general de la DGT, Pere Navarro, y la directiva de Formación Vial, la Administración ofreció soluciones puntuales que el sector tilda de «parches» e insuficientes. Entre ellas, la habilitación de jornadas de examen de fin de semana que no han absorbido ni una fracción del problema.

«No se puede pretender paliar el hambre de 8.000 personas llevando 203 bocadillos. Ese no es el camino», critica Díaz al abordar las medidas de Tráfico. «Nosotros no pedimos un bocadillo para hoy, pedimos comer todos los días».

El desequilibrio estructural queda reflejado en las cifras de gestión. En las islas, el ratio por examinador alcanza los 29 alumnos, prácticamente el doble de la media operativa de referencia. Por ello, las autoescuelas sufren cupos severos que les impiden presentar más de 3 o 4 alumnos por profesor cada quincena, abocando al cierre a multitud de pequeños negocios.

Dos soluciones inmediatas: bolsa de horas extras o privatización

A través de la Asociación Mayorquina de Autoescuelas (AMAE), el colectivo ha remitido sucesivas propuestas por escrito desde el pasado mes de junio sin recibir contestación formal por parte de la Jefatura.

Las autoescuelas demandan dos vías de actuación urgentes:

• Creación de una bolsa flexible de horas extraordinarias: Permitir que la plantilla de examinadores de las islas pueda realizar horas extras remuneradas asociadas al volumen real de la demanda.
• Externalización o privatización del servicio: Romper la dependencia exclusiva de los exámenes respecto al cuerpo funcionarial estatal.

«Si el sector estuviera privatizado, este colapso no ocurriría. Si hicieran falta 30 examinadores, se contratarían 35 para cubrir contingencias o bajas», sostiene el experto. «Es insostenible que la actividad económica de empresas privadas dependa de si un funcionario coge la baja o se va de vacaciones».

Díaz calcula que, con una bolsa de horas extras bien articulada, la lista de espera histórica de Baleares podría reabsorberse en un plazo de 6 a 12 meses, e insta al Ministerio del Interior a actuar antes de que el sector quede herido de muerte.