El alcalde Martínez logra en menos de un mes erradicar un foco constante de conflicto e inseguridad en Palma

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 27/06/2026 04:00
  • Actualizado: 27/06/2026 04:00

El alcalde Jaime Martínez (PP) ha logrado en menos de un mes erradicar un foco constante de conflicto e inseguridad en Palma: la degradada antigua prisión de la capital balear está ya tapiada, libre de okupas y esperando su derribo para edificar 139 pisos.

En tiempo récord, el primer edil palmesano ha logrado revertir el desaguisado heredado del anterior gobierno de socialistas, separatistas de Més y Podemos, presidido por el ex alcalde del PSOE, José Hila, que durante las dos pasadas legislaturas permitió la presencia constante de okupas en este abandonado inmueble municipal (más de 200 llegó a albergar) que pusieron en jaque día y noche a los vecinos del barrio de Can Capiscol por la inseguridad que creaban sus constantes atracos, peleas callejeras y altercados de todo tipo.

Después del desalojo exprés del casi centenar de okupas que allí permanecían sin incidentes dignos de consideración, y pese al rechazo de las formaciones del anterior gobierno de izquierdas  a su salida pese al riesgo que corrian los residentes por el estado ruinoso de este recinto, esta semana han concluido los trabajos de cerramiento perimetral del deteriorado inmueble con la instalación de una puerta de hierro en el acceso principal.

Apenas han pasado veinte días desde que el pasado 10 de junio se iniciara el desalojo forzoso del inmueble municipal en cumplimiento del mandato judicial y asunto concluido, en toda una demostración de que la voluntad política es la clave determinante de la acción de gobierno. 

Una vez ejecutado, el Ayuntamiento ha realizado el pintado integral del muro perimetral, la limpieza y poda del parque colindante, así como el acondicionamiento general de la zona y el tapiado de los accesos por parte del área de Infraestructuras, con el objetivo de reforzar el control del inmueble y evitar nuevas ocupaciones.

Se da así por finalizada la okupación de un recinto municipal que se había prolongado durante más de una década, y que había generado problemas de convivencia, afectando tanto a los vecinos del entorno como a la comunidad educativa del centro escolar próximo.

Cabe recordar que el Ayuntamiento inició el proceso de recuperación posesoria a raíz de los informes emitidos por la Policía Local, el Servicio contra Incendios y Salvamento y los servicios sanitarios, que alertaban del elevado riesgo de incendio, las deficientes condiciones de habitabilidad y las importantes dificultades de evacuación existentes en las instalaciones, circunstancias que suponían un riesgo real para la integridad de sus ocupantes.

La resolución judicial avaló la actuación municipal al considerar acreditadas la necesidad, proporcionalidad y urgencia de la intervención ante el grave riesgo existente para las personas que permanecían en su interior.

El desalojo se desarrolló de forma pacífica y ordenada, pese a los más que fundados temores de que hubiesen altercados e incidentes dado el perfil violento de muchos de los okupas allí instalados y su historial delincuencial, permitiendo con ello la recuperación de este inmueble municipal, donde está previsto construir nuevas viviendas dotacionales.

Ya se ha aprobado el anteproyecto para la reconversión de la antigua prisión de Palma en una residencia profesional, que contempla la creación de un total de 139 viviendas destinadas a colectivos profesionales que desarrollen su actividad en la ciudad.