Los sobres corruptos de IU cuando compartía Ayuntamiento de Sevilla con PSOE-A: «Toma, 60.000 euros»

Continúa el juicio contra el exdirector general de la extinta Fundación ‘DeSevilla’ Miguel López Adán (IU), por un presunto delito de fraude de subvenciones en su gestión al frente de la citada entidad del Ayuntamiento hispalense, por el que la Fiscalía reclama cuatro años y medio de cárcel.

Una más entre los infinitos de caso de corrupción que la izquierda andaluza ha perpetrado en la región durante décadas de sobres, fraudes y enchufes. En este caso, el enésimo, se usaron de forma fraudulenta ayudas municipales para «actos partidistas y fines particulares del partido».

El Juzgado de lo Penal número Once de Sevilla ha acogido este miércoles la segunda sesión del juicio contra el exdirector general de la extinta Fundación ‘DeSevilla’ Miguel López Adán (IU), por un presunto delito de fraude de subvenciones en su gestión al frente de la citada entidad del Ayuntamiento hispalense, extremo por el cual la Fiscalía reclama para él cuatro años y medio de cárcel bajo la premisa de que el acusado habría utilizado las ayudas municipales para «actos partidistas y fines particulares del partido».

Mientras en su escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía asegura que el acusado utilizó la fundación como «un instrumento» de IU, entidad que entonces cogobernaba junto al PSOE el Ayuntamiento de Sevilla, este miércoles ha testificado una mujer que durante 2007 fue personal de confianza del área de Relaciones Institucionales del Consistorio hispalense, dirigida por Antonio Rodrigo Torrijos (IU) como primer teniente de alcalde; y entre 2008 y 2009 fue asesora en la Delegación Municipal de Economía y Empleo, encomendada al que fuera delegado no electo de Economía Juan Carlos Vázquez (IU).

Tanto Rodrigo Torrijos como Carlos Vázquez, recordémoslo, estuvieron investigados en la instrucción de esta causa hasta que el juez instructor decidió excluirles del procedimiento, prestando ambos declaración como testigos durante la primera sesión de este juicio.

Esta mujer ha sido interrogada sobre la adquisición de un horno incinerador para un cementerio de La Habana (Cuba), extremo abarcado por la subvención 98/2008 concedida por el Ayuntamiento hispalense a la Fundación DeSevilla y pieza clave de la causa judicial, después de que la entidad que dirigía López Adán acabase renunciando a dicha subvención tras haber ejecutado según el acusado varios de los aspectos subvencionados y destinar parte del dinero a programas correspondientes a otras ayudas, en el marco del «mecanismo de compensación» interna gracias al cual se paliaban los «importante retrasos» del Ayuntamiento a la hora de entregar a la fundación las subvenciones que previamente le concedía.

Y es que según López Adán, la fundación afrontaba serios problemas por las «demoras» del Ayuntamiento a la hora de aprobar las justificaciones presentadas respecto a las ayudas concedidas a la entidad, un «retraso imputable» al Ayuntamiento que según ha dicho sucedía constantemente y desencadenaba reparos de la Intervención municipal en contra del pago de nuevas ayudas a la entidad aunque las mismas hubiesen sido concedidas.

Se compró un horno con dinero de ONGs

El interventor municipal, de su lado, testificaba que el Ayuntamiento «suele ser ágil» a la hora de resolver las justificaciones que se le presentan, achacando a la fundación un «problema» en la materia porque «se le rechazaban facturas». Así, negaba toda «falta de diligencia» por parte del Consistorio, admitiendo eso sí que las facturas eran rechazadas por motivos formales y no por falta de ejecución de las partidas.

En cualquier caso, y después de que el acusado y Carlos Vázquez declarasen en el juicio que diversas incidencias impedían cargar la compra del mencionado horno incinerador para La Habana a la subvención 98/2008, asegurando que el segundo de ellos reunió dinero de terceros privados o de las «ONG» para comprar dicho equipamiento, esta testigo ha explicado que un cargo de IU en el Ayuntamiento entró en contacto con ella para consultarle una «solución» para la adquisición de la incineradora.

Según esta mujer, para la compra esta persona proponía «sacar dinero del PCA» para entregarlo a la Fundación de Sevilla a través del área de Relaciones Institucionales, que la fundación lo derivase a la ONG Cedespaz, en la que participaban miembros de IU, y ésta a su vez lo devolviese a la fundación, si bien ella no veía «viable» que la fundación entregase un dinero de terceros a Cedespaz y después el dinero fuese «para atrás» de nuevo a la entidad municipal y además avisaba de la necesidad de formalizar el «préstamo» del dinero del PCA. Porque según ella, le dijeron que la operación sería realizada con dinero «del PCA».

Un «préstamo» de 59.624 euros

La idea, según ha relatado, evolucionó hasta que Carlos Vázquez realizase el «préstamo» de 59.624 euros correspondiente a la adquisición de la incineradora en calidad de patrono de la fundación, viajando Carlos Vázquez, López Adán y ella hasta San Sebastián (Guipuzcoa), donde se entrevistaron con un abogado con el que era necesario resolver los «problemas jurídicos» de la operación.

En el despacho del abogado, según su relato, les recibió «un chico cubano» y Carlos Vázquez «sacó un sobre y dijo (al abogado): Toma los 60.000 euros», gesto tras el cual ella abandonó la reunión, según sus palabras, y cree recordar que quizá también López Adán. Y es que según considera, López Adán y ella viajaron a San Sebastián como «comparsas» de Carlos Vázquez, quedando en cualquier caso el dinero en el citado despacho del abogado, quien habría manifestado que con «todo pagado» y la factura elaborada, ya era posible «dar la orden al barco para que vaya para Cuba».

Además, esta mujer ha señalado el «impuesto revolucionario» que afrontaban los cargos públicos de IU merced a los estatutos de la organización, que estipulaban que «para no enriquecerse en política» debían donar al partido la cuantía de su sueldo que superase el salario que cobraban antes de acceder al puesto público. «Era lo que pagábamos por trabajar», ha señalado, exponiendo que los cargos públicos propuestos por IU pero no afiliados a la organización también estaban sometidos a tal extremo.

«Falta de control interno», dice un auditor

EL «DESEQUILIBRIO ACUMULATIVO» DE LA FUNDACIÓN
Además, ha testificado un auditor y economista encargado de las audotorías realizadas por la empresa consultora Deloitte sobre las cuentas de los ejercicios 2009 y 2010 de la Fundación DeSevilla, quien ha señalado el «desequilibrio acumulativo» que marcaba las cuentas de la entidad, con «problemas históricos» y «montones de saldos sin depurar» como consecuencia de la falta de «control interno» en materia contable.

Mientras la Fiscalía señala el desequilibrio patrimonial de 1.510.617 euros acumulado por la entidad por su «caótica gestión», este auditor ha aludido a «significativos desfases» en la justificación de las ayudas con un «impacto relevante» en las cuentas, insistiendo en las «debilidades de control interno» y reconociendo que el desequilibrio patrimonial de la entidad era «muy relevante».

Incluso en una de las auditorías de cuentas denegó pronunciar una opinión concreta sobre las mismas, al pesar «elementos relevantes» que no permitían una imagen exacta de las cuentas.

Igualmente, ha considerado «posible» la opción de abonar con dinero de una subvención aspectos o programas ajenos a la misma porque «no hay una obligación de caja separada», manifestando que a su entender, López Adán, como director general de la fundación, no tenía autonomía para actuar sin el mandato o consentimiento del patronato de la entidad.