El PSOE andaluz arrancará el 2023 con presos y nuevos juicios por su corrupción crónica en la comunidad
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La Audiencia aún no ha recibido el informe forense de Griñán que suspendería su ingreso en prisión
No será el 2023 un año de rosas para el socialismo andaluz. Tanto es así, que el primer día del año será el que agote el plazo para que el ex presidente de la Junta socialista de Andalucía, José Antonio Griñán, entre en prisión. Hasta este sábado a mediodía, la Audiencia de Sevilla no ha recibido informe forense alguno que cancele su ingreso en la cárcel por lo que todo hace indicar que el ex presidente andaluz tendrá que vivir sus primeros días del año en la cárcel. Pero eso no es todo, ni mucho menos. Cabe recordar que aún se investigan cerca de 130 tramas de corrupción socialista en Andalucía y, de hecho, el nuevo año judicial arrancará con el final del juicio de la pieza FIVA de la macrocausa de Invercaria, con el comienzo del juicio del caso ‘Astapa’ sobre presunta corrupción urbanística en la localidad malagueña de Estepona y con el inicio de la vista por supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de audioguías en la Alhambra de Granada.
Prisión
Andalucía afronta la apertura del nuevo año judicial con la inminente finalización del plazo habilitado por la Audiencia de Sevilla para la entrada voluntaria en prisión para la mayoría de los condenados a cárcel por el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
En concreto, el día 2 de enero expiraría el plazo marcado por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla para el ingreso voluntario en la cárcel del expresidente socialista de la Junta José Antonio Griñán, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, el ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano y el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román. Todos ellos están condenados a diferentes penas de prisión por un delito de malversación derivado del «procedimiento específico» de financiación de los ERE.
Previamente, en concreto el pasado miércoles, la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo ingresaba en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), para cumplir su pena de seis años y dos días de prisión por el mismo asunto.
Griñán
Empero, la defensa de José Antonio Griñán, condenado a seis años y dos días de prisión, ha alegado que al mismo le ha sido diagnosticada recientemente una enfermedad grave sobrevenida, solicitando de nuevo la suspensión del plazo de ingreso en prisión respecto a este encartado, con arreglo a tal motivo.
Ante ello, y una vez vista la documentación médica aportada por la representación de Griñán, la Sección Primera de la Audiencia ordenaba que un forense del Instituto de Medicina Legal examinase la documentación e hiciese un reconocimiento a Griñán en caso de ser necesario, para que emitiese un informe «valorando si el ingreso en centro penitenciario pudiera tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad o en el tratamiento prescrito». Tal informe, en ese sentido, aún no estaría entregado.
Invercaria
Además, la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla prevé retomar el día 9 de enero el juicio relativo a los préstamos por importe de 716.000 euros concedidos por la empresa de capital de riesgo Invercaria, perteneciente a la Junta de Andalucía, a la entidad Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), destinada a funcionar como portal de ferias virtuales y participada por Invercaria. Tras comenzar el juicio a finales de septiembre, a partir del 9 de enero serán consumadas las últimas comparecencias de los acusados, para abordar las conclusiones y los informes finales.
Astapa
En Málaga, el inicio del año judicial y todo el mismo estará marcado por el juicio del caso ‘Astapa’, sobre la presunta corrupción urbanística en la localidad malagueña de Estepona, que comenzará 16 años después de iniciarse la investigación y que tiene a 50 personas acusadas, entre ellas el exalcalde esteponero Antonio Barrientos, así como otros exresponsables municipales del PSOE y del Partido de Estepona (PES), además de empresarios y funcionarios.
La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha fijado para el 9 de enero el inicio de la vista oral con las cuestiones previas, para lo que se han establecido seis días. Tras esto, el Tribunal realizará el examen y decisión sobre las alegaciones que puedan resolverse, así como sobre las diligencias de pruebas que puedan proponerse.
El desarrollo del juicio, con las declaraciones de los acusados y la práctica de la prueba, está previsto a partir del día 7 marzo, en sesiones de mañana de lunes a miércoles de cada semana, con opción de algún jueves. Se dividirá en diez bloques que abordarán los distintos asuntos por los que se acusa.
Audioguías
En Granada, la Sección Segunda de la Audiencia tiene fijado para el 9 de enero de 2023 el inicio del juicio contra la que fuera directora de la Alhambra María del Mar Villafranca y otras tres personas más, en el llamado ‘caso Audioguías’, en el que se han investigado supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de audioguías en el monumento nazarí.
Este juicio se prolongará durante tres semanas prácticamente en sesiones de lunes a jueves, entre el 9 y el 25 de enero. Además de Villafranca, que dimitió en 2015 por este asunto, se sentarán en el banquillo de los acusados la ex secretaria general de la Alhambra, Victoria Eugenia Chamorro; el administrador único de la empresa a la que se adjudicó el servicio de audioguías y el ex jefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos en el monumento, José M.V.
Han sido procesados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, entre otros. La Fiscalía de Granada ha solicitado cinco años de prisión para Villafranca y la ex secretaria general del monumento. Para el empresario al que se adjudicó el servicio de audioguías pide diez años de cárcel y multa de un millón de euros y para la empresa o persona jurídica Stendhall Museum Solutions, multa de 21.900 euros y su disolución.
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