La Audiencia exculpa a varios empresarios del caso ERE por desconocimiento de irregularidades

La Audiencia de Sevilla ha exculpado a empresarios vinculados con el denominado caso de los ERE, entre ellos, responsables de MacPuarsa, porque «no puede inferirse que supieran de irregularidades en las ayudas concedidas para los trabajadores», con lo que confirma así el auto de la juez Bolaños acerca del archivo y sobreseimiento de este asunto, que fue recurrido por la Fiscalía.

Este auto del tribunal, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que las ayudas fueron solicitadas por los trabajadores. Así, en el caso de MacPuarsa, hace hincapié en que la adquisición de la empresa TAMC se hizo posible con una serie de condiciones, como la concesión de «las ayudas necesarias para financiar la prejubilación de la plantilla laboral de esa firma, lo que se llevó a cabo en dos expedientes de regulación de empleo», por cuestión de edad, «pero en todo caso serían los propios trabajadores quienes solicitaran los ERE y las ayudas a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social».

«Fueron los delegados sindicales de TAMC quienes solicitaron las ayudas para la prejubilación de los socios-trabajadores y quienes aceptaron a Vitalia como aseguradora para el estudio y realización del plan de prejubilaciones», concluye el auto».

Sostienen los magistrados de la sección séptima de la Audiencia de Sevilla en el auto, cuyo contenido ha adelantado Diario de Sevilla, que el consejero delegado de MacPuarsa desde 2002 a 2006, Romualdo de Madariaga Parias, «si bien firma la adquisición de las participaciones sociales de los socios trabajadores de TAMC» y conoció que la Junta iba a colaborar en la financiación de los ERE, «esa adquisición se hizo en las condiciones señaladas anteriormente».

En cuanto a Gonzalo de Madariaga Parias, «en condición de miembro del consejo de administración del grupo, tuvo conocimiento de la propuesta realizada a TAMC para la compra y consintió en el contenido del acuerdo marco de 12 diciembre de 2001». Sin embargo, «ninguna actuación concreta y específicamente suya se revela en relación al objeto de procedimiento, más allá de dar su aprobación a la adquisición de la citada empresa». Añade el auto que «ninguna participación tuvo en la solicitud de ayudas a la Dirección General de Trabajo ni de los ERE» y «menos aún en que las otorgadas por la Junta eran extramuros de la legalidad».

Sobre la consejera delegada solidaria, junto a Romualdo de Madariaga, desde febrero de 2002 a junio de 2006, señala el tribunal que «no puede entender la existencia de indicios que permitan indiciariamente atribuirle intervención en ayudas ni responsabilidad penal en los delitos de malversación y prevaricación por los que es investigada», de modo que «nos conduce a desestimar el recurso».

Auto

El consejero delegado de MP Corporación, Eugenio Barroso, ha valorado dicho auto exculpatorio de la Audiencia. «Siempre hemos estado muy tranquilos en este asunto, al que ahora se pone punto y final desde el ámbito judicial porque nuestro razonamiento, desde el principio, era muy sencillo», ha asegurado en declaraciones a Europa Press.

Así, en el marco de las ayudas para financiar la prejubilación laboral en la empresa TAMC, que afectaban a unos 46 trabajadores, el consejero delegado de MP ha recordado que el acuerdo alcanzado entre su grupo y la Junta de Andalucía «para adquirir el 100 por cien de TAMC, contemplaba una serie de condiciones, entre ellas, ayudas a las prejubilaciones». «Esas ayudas la solicitaron los trabajadores. Fueron ellos quienes la pidieron y la gestionaron. No tuvimos ni arte ni parte», ha asegurado.