Ley Trans: todo un atentado contra la patria potestad

Una de las derivadas de la Ley Trans que ha pasado inadvertida es la que tiene que ver con la facultad que se arroga el Estado de «intervenir» una familia que se niegue a «respetar» la «orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales de uno de sus miembros, como componente fundamental de su desarrollo personal». Esta negativa por parte de sus progenitores o tutores se considerará un «indicador de riesgo», que puede conllevar la «intervención de la administración pública competente» para «eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación» que afecten al menor y «evitar su desamparo y exclusión social».

Si tenemos en cuenta que la Ley Trans permite a los niños desde los 12 años cambiar de sexo en contra de la voluntad de sus padres, de lo que estamos hablando no es de unos progenitores sin escrúpulos que coartan los derechos fundamentales de sus hijos, sino de unos padres que tratan de evitar que sus hijos -menores de edad- cometan un error de consecuencias irreversibles. Y en esa situación que la Administración intervenga para que el menor pueda librarse de la presión de sus padres es un disparate colosal, porque si por desgracia ese menor toma una decisión equivocada su error los asumirá, además de él mismo, la familia que ha sido intervenida.

A partir de los 16 años, un menor podrá acceder libremente a ese cambio de sexo sin más requisito que su mera voluntad. Entre los 14 y los 16, sólo tendrá que estar acompañado por sus padres y, en caso de no tener su consentimiento, se nombrará un «defensor judicial» que actuará en interés superior del menor. Entre los 12 y los 14 años se exige la autorización de un juez, aunque también en ese caso, si los padres se oponen, se impone el mencionado «defensor». Que la ley enajena la patria potestad es una evidencia, pero, más allá de esto, la ley lo que hace es coaccionar a los padres al impedir que los progenitores actúen según sus propias convicciones dentro de un marco ideológico plural de respeto a los derechos fundamentales. Porque, no nos engañemos, la Administración no va sufrir nunca las consecuencias de la equivocada decisión del menor al que protegió en contra de la voluntad de sus padres. Y quienes perderán serán, siempre, el menor y su familia.