El nuevo gobierno de la Generalitat indulta a los municipios sancionados por consumir más agua

El nuevo Gobierno de la Generalitat liderado por Salvador Illa ha tomado una de las primeras decisiones en materia de gestión del agua al «indultar» a los municipios que se saltaron las restricciones de agua en los escenarios de sequía.

De este modo, la Generalitat ha retirado las sanciones económicas que el anterior ejecutivo de ERC había impuesto a algunos ayuntamientos por excesos en el consumo de agua, en el marco del episodio de sequía que se agudizó hace unos meses en el territorio catalán.

Ayudas públicas

La decisión ha sido anunciada este martes por la portavoz del Gobierno catalán y consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, tras la reunión del Consejo Ejecutivo.

«Lo importante es que los ayuntamientos tengan recursos para mejorar», ha asegurado Paneque, quien ha previsto ayudas públicas por parte del Gobierno para que las administraciones locales puedan modernizar sus redes de agua.

Recordemos que la emergencia por sequía decretada por el anterior ejecutivo catalán entró oficialmente en vigor el 1 de febrero de este año en el sistema Ter-Llobregat, que es el que abastece a Barcelona y su área metropolitana, además de Gerona y su entorno, que provocó restricciones como la limitación de un consumo máximo de 200 litros por habitante y día.

Barcelona y 201 municipios

La decisión se tomó en una reunión extraordinaria de la Comisión Interdepartamental de la Sequía del Gobierno catalán, ante la situación que sufrían los embalses por la falta de lluvias, por lo que se vieron afectados un total de 202 municipios que estaban en preemergencia.

Las restricciones afectaron, además de a la ciudad de Barcelona, a otros 201 municipios de su entorno, que concentran más de seis millones de habitantes, casi el 80% de la población catalana.

Colaboración institucional

Para la portavoz, el actual gobierno tendrá como prioridad la «colaboración institucional» y trabajar junto con los ayuntamientos, por lo que, apunta, las sanciones no están recogidas en su plan para mejorar el sistema hídrico catalán.

La decisión del ejecutivo catalán de dirigir ayudas para mejorar las redes del agua a nivel municipal es parte de un conjunto de medidas que ha acordado este martes el Consejo Ejecutivo que, además, contempla inversiones de hasta 2.000 millones de euros hasta 2040 para asegurar el suministro de agua en Cataluña.

Sanciones económicas

La Agencia catalana del Agua estipula las sanciones «en función de la gravedad de la infracción cometida, las sanciones pueden alcanzar importes de hasta 1.000.000 de euros en infracciones relacionadas con el dominio público hidráulico (TRLA), hasta 150.000 euros en las que afectan a sistemas públicos de saneamiento (TRLMAC), y hasta 300.000 euros por vertidos de aguas residuales en mar (LC)».

Para los particulares y empresas, la Generalitat envió a los ayuntamientos una ordenanza modelo que proponía un marco normativo para adaptar su realidad municipal y que contemplaba multas de entre 750 a 3.000 euros, en función de la gravedad. Por ejemplo, una posible multa podría ser llenar la piscina de casa o lavar el coche, unas decisiones que recaían en los consistorios.

Además, las restricciones de agua determinadas por la Generalitat provocaron multitud de peticiones por parte de la hostelería y del sector de los campings, para poder continuar con sus negocios y flexibilizar las normas de las piscinas en las que se podía llenar estas instalaciones privadas y públicas con la condición previa de ser catalogadas como refugio climático.