Es oficial y las multas son de hasta 6.000 euros: la DGT pone el foco en una artimaña importada de Italia para esquivar radares y ya hay sanciones

En las carreteras españolas hay actualmente 3.621 radares, según las estimaciones recogidas en el último Observatorio de radares en España elaborado por Coyote. El estudio cifra en 2.472 los radares fijos, mientras que otros 600 son de semáforo, 295 de tramo y 254 están catalogados como radares de cinturón y móviles. Desde 2021, el número de radares habría aumentado un 37%, lo que equivale a la incorporación de 982 dispositivos en las carreteras españolas a lo largo de estos cinco años. Si se analiza la distribución de estos dispositivos según el tipo de vía, el 44% de los radares están situados en zonas urbanas, frente al 32% que se localizan en carreteras secundarias y el 24% restante en autopistas.

Por comunidades autónomas, Baleares encabeza el crecimiento, con un aumento del 33,78% en el número de radares, seguida de Asturias, con un 25,59%. También destacan Cataluña (21,29%), Extremadura (21,21%) y Andalucía (20,97%), todas ellas con incrementos superiores al 20%. En cuanto al número total de dispositivos, Cataluña, Andalucía y Castilla y León vuelven a situarse como las comunidades con mayor presencia de radares de tráfico. «Está demostrado que la velocidad no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico sino también que, a mayor velocidad más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves serán las lesiones producidas a consecuencia de éste, por lo que el objetivo de los puntos de control no es sólo reducir el número de siniestros mortales, sino también de heridos graves», alerta la DGT.

La DGT persigue esta técnica para esquivar radares

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La DGT ha puesto el foco en una artimaña que se ha hecho viral en los últimos días y cuyo vídeo original procede de Italia. La técnica consiste en utilizar unas pegatinas con la forma de los números y las letras de la matrícula, exactamente del mismo tamaño, para reflejar la luz cuando la matrícula es captada por el objetivo de un radar. De esta manera, al cubrir uno o varios caracteres, estos podrían aparecer distorsionados o directamente ilegibles en la fotografía tomada por el radar, dificultando la identificación del vehículo.

Esta práctica puede tener consecuencias legales. Manipular o dificultar deliberadamente la lectura de una matrícula puede constituir una infracción grave, con multas que pueden alcanzar los 200 euros. Si, además, se modifican los números o las letras de la matrícula, las consecuencias podrían ser mucho más graves y llegar a considerarse un delito de falsedad documental, con sanciones de hasta 6.000 euros y penas de prisión de hasta tres años.

Identificar un vehículo con una matrícula manipulada no parece una tarea especialmente complicada. Aunque, a simple vista, estas pegatinas pueden pasar desapercibidas, la situación cambia cuando un radar detecta un exceso de velocidad y registra la infracción con su cámara. Si al revisar la imagen los agentes comprueban que faltan números o letras en la matrícula, ¿cuánto tardarían en localizar al conductor, interceptar el vehículo y tramitar la correspondiente denuncia?

Alerta por el ‘método gallego’

La DGT también ha puesto el foco en una práctica conocida como el «método gallego», una estrategia utilizada por algunos conductores para avisar de la presencia de controles y radares móviles. Consiste en compartir la ubicación de estos dispositivos a través de canales de comunicación entre conductores.

La DGT sí facilita públicamente la ubicación exacta de los radares fijos, mientras que en el caso de los radares móviles únicamente informa de los tramos en los que pueden encontrarse, sin revelar sus coordenadas concretas. Para sortear esta limitación, han surgido grupos de WhatsApp y Telegram en los que los usuarios intercambian información sobre la localización de controles. En Galicia, la Justicia llegó a sancionar a una empresa y a un particular que gestionaban canales de WhatsApp dedicados a difundir estas ubicaciones. Los grupos contaban con cerca de 15.000 personas.

El responsable de la Unidad de Normativa, Francisco de las Alas-Pumariño, califica estas actitudes de «conducta reprochable porque entorpecen la labor de la Guardia Civil y policías e impiden que se detenga a conductores que han tomado alcohol o drogas o van a una velocidad excesiva porque pueden provocar accidentes con víctimas en la carretera».

Cabe recordar que el artículo 36.23 de la Ley de Seguridad Ciudadana califica como infracción grave «el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Ciudadana que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, la de las instalaciones protegidas o éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información».

Por su parte, la Guardia Civil ha puesto en marcha distintas medidas para intentar frenar esta práctica. Una de ellas son los llamados controles exprés en las carreteras españolas, operativos que permanecen activos durante un periodo muy breve, de unos 10 minutos, y que pueden cambiar de ubicación con frecuencia para evitar su localización.