Montoro hace una inspección a García-Margallo y otra a su ex compañero Arias Cañete

Montoro la ha vuelto a liar. Seguramente con razón pero la ha vuelto a liar. Esta vez no ha sido de puertas afuera, como ya es habitual, sino intramuros. El ministro de Hacienda ha ordenado una inspección tributaria a su compañero de Gabinete José Manuel García-Margallo y otra al comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete. Tanto el titular de Asuntos Exteriores como el ex de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente están que trinan por lo que consideran “una puñalada” del hombre con el que comparten o han compartido mesa del Consejo de Ministros todos los viernes. Entre otras razones, porque consideran que el cordobés ha roto una (supuesta) tradición según la cual un ministro no toca a otro mientras ambos están en el ejercicio del cargo salvo, obviamente, caso de flagrante delito.

La Agencia Tributaria ha sometido a una inspección a García-Margallo por su condición de ex eurodiputado –lo fue de 1994 a 2011–. La razón no es baladí: el canciller español decidió tributar al 22% durante su última etapa en el Parlamento de Estrasburgo. Ése es el porcentaje que la Eurocámara retiene a sus 751 miembros, pertenecientes a los 28 países de la Unión. ¿Y por qué optó por ese tipo cuando la legislación fiscal española imputa un gravamen de al menos el 35% a los contribuyentes que, como en el caso de los diputados comunitarios rasos, perciben 8.000 euros mensuales brutos? Pues, lisa y llanamente, para ahorrarse el pago de 10.000 euros anuales como mínimo.

Los eurodiputados olvidadizos se beneficiaron de la laguna legal existente desde que en 2009 se unificaron los salarios de sus señorías: la normativa comunitaria tan sólo obliga a satisfacer un 22% de IRPF a los representantes de los 28 en Estrasburgo. Y ahí se queda. En resumidas cuentas, se trata de una puerta abierta a la trampa toda vez que los eurodiputados españoles no ostentan la condición de residentes fiscales en el extranjero. Para beneficiarse de legislaciones tributarias más baratas en otros países se debe demostrar haber pasado más de 183 días fuera de España. 

Montoro estima que su compañero, y por cierto inspector de Hacienda García-Margallo, debería haber satisfecho el margen existente entre ese 22% comunitario y el tipo correspondiente en España, que en el mejor de los casos no bajaría de los 13 puntos. En este apartado no se incluyen los 300 euros de dietas que ingresan los 751 eurodiputados por cada jornada que pasan desplazados en Estrasburgo defendiendo los intereses de su circunscripción. Estos generosos estipendios están exentos de tributación en Bruselas. Lo que está en cuestión es que también salgan gratis fiscalmente en territorio español.

A los eurodiputados españoles se les está auscultando todos los ejercicios vivos: es decir, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 (las inspecciones comenzaron antes del 30 de junio pasado). En el caso del canciller español tan sólo los dos primeros toda vez que el 22 de diciembre de 2011 dejó la Eurocámara para convertirse en ministro de Exteriores del Reino de España. Fueron precisamente García-Margallo y su colega Magdalena Álvarez (también inspectora de Hacienda) los encargados de unificar el procedimiento a seguir en 2009 al comenzar a pagar la Cámara de Estrasburgo los salarios de sus diputados. Hasta entonces la factura corría a cargo de los respectivos congresos nacionales. tanto Margallo como Maleni decidieron por su cuenta y riesgo que sólo había que tributar ese 22% pese a que el artículo 12 del reglamento interno de la Cámara comunitaria adjudica a cada Estado la facultad de someter los salarios a “las disposiciones del Derecho Fiscal nacional”, a condición obviamente “de que se evite la doble imposición”. En buena lid, ello implicaría que el gap entre el tipo comunitario, el 22%, y el 35% que como mínimo estipula el fisco español para salarios de esa cuantía debería ser ingresado en las arcas que maneja Cristóbal Montoro.

El ex eurodiputado Luis Yáñez-Barnuevo se topó hace año y medio con una complementaria. La Agencia Tributaria de Sevilla le obligó a entregar el diferencial entre lo abonado a la UE y el tipo que le correspondía desembolsar en España en función de sus ingresos. La broma por el olvido le salió por 31.000 euros. Hacienda, que normalmente piensa mal, no le impuso ninguna multa al considerar que obró de buena fe. El que fuera secretario de Estado de Cooperación en la era González asegura que no tributó en España “tras la consulta verbal” que formuló “a Montoro y a Hacienda”.

Miguel Arias Cañete también ha recibido la visita de los hombres y mujeres de Montoro. Indablog desconoce el motivo exacto. Personas próximas al ex ministro de Agricultura aseguran que la inspección está motivada por las mismas razones: la no tributación en España de sus rentas comunitarias. Cosa extraña toda vez que lleva poco más de un año en Bruselas y, como mucho, tendría que ajustar cuentas por la mitad del ejercicio fiscal 2014. Hay quien especula con la posibilidad de que Hacienda también haya metido en el mismo saco sus negocios petrolíferos. Hay que recordar que, entre otras muchas actividades paralelas, este abogado del Estado posee una empresa de suministro de combustible a buques (Ducar SL) radicada en Ceuta. Arias Cañete practica lo que se conoce como bunkering, que no es otra cosa que suministrar gasolina libre de impuestos desde buques nodriza anclados en el área del Estrecho de Gibraltar.