El discapacitado que «pagó» las cuotas de 491 militantes del PP: «Soy de Podemos»

El misterio del podemita que pagó las cuotas de 491 afiliados del PP de Cantabria para que pudieran votar en el Congreso regional del Partido Popular. Al menos así lo sostiene Miguelín, el discapacitado desde cuya cuenta corriente se realizaron 491 transferencias, por un importe que suma casi 9.000 euros, para que otros tantos militantes del PP pudieran apoyar la candidatura de la nueva presidenta regional del partido, María José Sáenz de Buruaga.

En el vídeo que hoy da a conocer OKDIARIO, Miguelín asegura que es de Podemos y se desentiende por completo de los pagos realizados desde su cuenta corriente. «No tengo dinero, y si lo tengo es para mí, ¿no te jode?», afirma en un momento de la conversación.

Pero los documentos que ha publicado OKDIARIO acreditan que desde su cuenta corriente se realizaron 491 transferencias de 18,03 euros (en total, 8.852 euros) a la cuenta del PP de Cantabria, justo durante las 48 horas en las que concluía el plazo para los militantes que quisieran participar en la elección de compromisarios se pusieran al corriente en el pago de sus cuotas.

Esta maniobra resultó decisiva, ya que finalmente María José Sáenz de Buruaga resultó elegida nueva presidenta regional del partido, al obtener sólo cuatro votos más que su rival, el ex presidente autonómico Nacho Diego.

En el vídeo que publicó ayer este diario, Miguelín confirma que tiene «retraso mental» y vive de una pensión no contributiva de algo menos de 800 euros al mes, por orfandad y porque tiene reconocida una discapacidad física y psíquica del 95%. Con frecuencia, tiene que recurrir a la caridad de los vecinos de Laredo, por lo que resulta muy improbable que dispusiera de los casi 9.000 euros utilizados para pagar las cuotas de 491 militantes del PP.

En un comunicado emitido el pasado mes de mayo, la dirección del PP de Cantabria mintió al negar que Miguelín tenga una «discapacidad psíquica». OKDIARIO ha podido comprobar que ya en 1999 el Servicio Cántabro de Salud certifico que Miguelín presenta un «retraso mental ligero». Según la literatura científica, esto supone un cociente intelectual de entre 55 y 70: el equivalente a la edad mental de un niño de 12 años.

Un grupo de afiliados ha presentado dos demandas civiles –cuya audiencia previa se celebra el jueves en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Santander–, en las que solicitan que se anule el resultado del congreso regional y la elección de Sáenz de Buruaga como presidenta, debido a las irregularidades detectadas.

Entre otras cuestiones, los impulsores de estas demandas alegan que miembros de la candidatura de Sáenz de Buruaga se sirvieron de una persona que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, y que por tanto precisa una especial tutela de los tribunales, para realizar el pago masivo de las cuotas de los afiliados.

Sostienen además que es muy improbable que el propio Miguelín pudiera realizar las 491 transferencias, por lo que alguien tuvo que utilizar su cuenta corriente haciendo un uso indebido del censo de afiliados del PP, lo que constituye una vulneración de la Ley de Protección de Datos. El titular del censo de militantes es la dirección nacional del PP, con sede en la calle Génova de Madrid.

Miguelín podría perder la pensión

Por otro lado, recuerdan que este trasiego de casi 9.000 euros por su cuenta corriente puede acarrear a Miguelín problemas con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social: podría perder su pensión, al superar el umbral de ingresos permitido.

A raíz de estos mismos hechos, tres afiliados y ex altos cargos del PP presentaron el pasado verano una querella contra la nueva presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, contra la ex tesorera, María José González Revuelta, y contra la gerente del partido Jesusa Sánchez Gómez. Sin embargo, esa querella ha quedado archivada, sin que el juez llegara a realizar ninguna de las diligencias solicitadas por los denunciantes.

Tras ganar el congreso regional de Cantabria, Sáenz de Buruaga nombró secretaria general del partido a María José González Revuelta, quien como tesorera debería haber advertido el pago irregular de las cuotas de los 491 militantes, que suponen el 15% del censo de afiliados que ejercieron el voto en la elección de compromisarios.