El contrato en el que el testaferro de Zapatero pactó un «8,75%» por fondos venezolanos de paraísos fiscales
Julio Martínez firmó en Caracas el mandato que le otorgaba plenos poderes sobre dinero público venezolano
Un contrato firmado en Caracas el 18 de diciembre de 2020 acredita que Julio Martínez Martínez, identificado por la UDEF como el principal testaferro del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero en la trama Plus Ultra, suscribió en nombre de su sociedad offshore Landside Holding Ltd un mandato de negociación con el banco público venezolano BANDES para recuperar fondos depositados en Noor Capital PSC, una gestora financiera con sede en Abu Dabi.
A cambio, el contrato, que ha consultado OKDIARIO, garantizaba a Martínez una comisión del «8,75% de los fondos recuperados durante las negociaciones», según recoge literalmente el documento.
Hay un dato clave. El mandato fue firmado dos días después en que Plus Ultra suscribió un acuerdo de pago con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC).
La coincidencia de fechas, de ciudad y de partes implicadas ha llevado a los investigadores a sostener que ambos documentos forman parte de un mismo entramado.
Por parte de BANDES firmó Xavier León, ex viceministro venezolano de Finanzas en su condición de vicepresidente ejecutivo de la entidad. Se trata de un detenido en otras causas de corrupción en el caribe. Por parte de Landside Holding Ltd, sociedad domiciliada en un edificio de Tórtola, Islas Vírgenes Británicas, lo hizo Julio Martínez Martínez en calidad de presidente.
Fondos venezolanos ‘offshore’
Según la investigación, el objeto del contrato era la recuperación de fondos que BANDES había depositado en Noor Capital al amparo de un Portfolio Management Agreement (PMA) suscrito el 15 de septiembre de 2017.
El mandato otorgaba a Landside Holding «pleno poder notarial para actuar en su nombre» y facultades para subcontratar a «consultores, abogados o auditores» según estimase oportuno.
Una cláusula de exclusividad blindaba además la posición de Martínez: el documento establecía que sus términos «prevalecerán sobre cualquier otro acuerdo con representantes o asesores que hubieran contactado o hablado con Noor Capital previamente», durante un período de seis meses desde la firma.
La cláusula de confidencialidad, recogida en el punto octavo del contrato, obligaba a ambas partes a mantener en secreto «toda la información divulgada directa o indirectamente, por escrito o por cualquier otro medio». Una estipulación que, a la vista de los hechos, no ha resistido el escrutinio judicial.
La magnitud económica de lo que Landside debía recuperar se infiere de documentación complementaria incorporada a la causa. Una carta fechada el 8 de julio de 2019 y firmada por Abdul Jabbar Al Sayegh, presidente de Noor Capital, detalla transferencias realizadas en 2018 hacia sociedades como Adon Trading FZE (24.755.302 euros), Pharmatic Latam Inc. (8.740.663 euros) o Trebol Middle East Ltd., todas ellas domiciliadas en jurisdicciones de escasa fiscalización. Al Sayegh comunicaba en esa carta que dichos importes serían «acreditados de vuelta en su cuenta Bandes Fideicomisos».
Landside, el vehículo de Martínez
La investigación judicial ha establecido que Landside Holding Ltd es la pieza central del entramado patrimonial controlado por el testaferro de Zapatero.
El propio procurador del investigado reconoció ante el tribunal que Martínez es titular de la totalidad de las participaciones sociales de la mercantil, pese a que esta se encuentra radicada en un territorio de nula tributación diseñado para dificultar la identificación de sus propietarios reales.
Esta sociedad actuó además como nudo gordiano de una red societaria más amplia. En enero de 2021, apenas tres semanas después de la firma del mandato con BANDES, se constituyeron en los Emiratos Árabes Unidos dos nuevas entidades vinculadas al mismo entorno: Landside Dubai FZCO y Landside Middle East FZCO. En los formularios de apertura de sucursal, Julio Martínez figura como gestor con plenos poderes de representación y firma.
Los informes de la UDEF describen el conjunto de estas sociedades como una «plataforma de representación» cuyo fin era obtener «objetivos económicos para sus clientes» en sectores estratégicos de Venezuela, incluidos el energético y el financiero.
Antecedentes del caso
El caso Plus Ultra arrancó con la concesión, en noviembre de 2020, de un rescate de 53 millones de euros por parte del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dependiente del Gobierno. La Audiencia Nacional investiga si esa ayuda fue el resultado de una intervención ilícita de una red de influencias liderada, según la UDEF, por el propio Zapatero.
Las diligencias se han ampliado a medida que los investigadores han ido rastreando los movimientos financieros internacionales asociados a la trama. El juez José Luis Calama ha citado a Zapatero para prestar declaración como investigado en junio.
Martínez fue detenido en diciembre de 2025. En el registro de su domicilio se hallaron 300.000 euros en efectivo que él mismo reconoció no haber declarado a Hacienda y que no aclara su procedencia. Sólo dice que «no tienen relación con los hechos investigados», por Plus Ultra. Por ahora se mantiene fiel a Zapatero.
Poco después, el banco estadounidense Boreal Capital Management, sucesor de Mora WM Securities, notificó el cierre de la cuenta de Landside en Miami, abierta en octubre de 2014, que había registrado movimientos por valor de 200.000 euros durante el año 2025.
Lo que el contrato BANDES ha añadido al expediente judicial es algo que hasta ahora solo existía como hipótesis en los informes policiales: una firma, una fecha y un porcentaje. El dinero público venezolano, la sociedad pantalla en un paraíso fiscal y la comisión pactada ya no son conjeturas. Son cláusulas numeradas en un documento oficial. El resto está sub iudice.
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