Vivienda, empleo, autónomos… el decálogo de reformas del PP para recuperar poder adquisitivo y modernizar la economía

• Diana Arias
• Portadista y redactora en OKDIARIO (diana.arias@okdiario.com)
• • 27/09/2026 14:21
  • Actualizado: 27/09/2026 14:21

El Partido Popular propone un decálogo de reformas económicas para mejorar la renta disponible de las familias, facilitar el acceso a la vivienda y aumentar la productividad de la economía española. Propuestas centradas en la modernización de la economía y sacar a España del estancamiento y decadencia en la que le han metido las políticas socialistas y la ausencia de reformas, cuyas consecuencias se están comenzando a ver en la población. La pérdida del poder adquisitivo de las familias, la inflación constante, la fuerte subida de impuestos y la no actualización de la tarifa del IRPF, la pérdida de productividad y competitividad o el alejamiento de los países de nuestro entorno son solo algunos de los problemas que ha trasladado a la sociedad española el Gobierno de coalición de izquierdas.

Dentro de la reconstrucción nacional que propone el presidente Feijóo, el PP apuesta por «volver a modernizar España» para ser una de las economías avanzadas de la OCDE. Para ello habrá que crear un espacio fiscal para bajar impuestos que propicien el crecimiento, aumenten la productividad y la competitividad y devuelvan poder adquisitivo a las familias, reducir regulación, instituciones independientes que funcionen.

Hay que recordar que el incremento de los precios alcanza el 42% en la cesta de la compra y de media supera el 27% desde la llegada de Sánchez al Gobierno en el año 2018; y el alza de los salarios no ha alcanzado esos parámetros, motivo por el cual el poder de compra de las familias ha caído y se ha producido un estrechamiento a la baja de los salarios motivado por la no actualización de la tarifa del IRPF por parte del Ejecutivo, una subida de impuestos por la puerta de atrás que ha empobrecido a los ciudadanos.

El Gobierno con más fondos y menos reglas

En realidad, hablamos del primer Gobierno de la historia democrática española que ha contado con más fondos –crecimiento espectacular de la recaudación, crecimiento en medio billón de la deuda pública y más de 160.000 millones de euros de Fondos Europeos Next Generation– y menos reglas para administrarlos, dado que las reglas de la UE fueron excepcionales, decayó el cumplimiento del déficit y no ha conseguido aprobar un solo presupuesto esta legislatura.

Sin embargo, todo este dinero y ausencia de reglas para su aplicación no se han traducido en una modernización de la economía, del trabajo, del poder adquisitivo y acceso a una vivienda; en definitiva, no se ha reducido en una mejora de la prosperidad y de los proyectos vitales de los españoles. Antes al contrario, la precariedad, la desigualdad, la falta de competitividad y productividad y la falta de oportunidades se han agravado, siendo el acceso a la vivienda una muestra del fracaso absoluto de las políticas regulatorias e intervencionistas del Ejecutivo.

Cabe recordar que, pese a todos los fondos y el crecimiento del PIB por el aumento de la población, los españoles han sufrido el gran fracaso de gestión del Gobierno que supuso el mayor apagón de nuestra historia, y lo que es peor, que nadie puede comprometer que no vuelva a suceder. A esto hay que sumar lo incomprensible que resulta el hecho de que España figure en los últimos puestos de inversión pública pese a un gasto disparado que crece por encima, incluso, de lo que crece la economía.

Ante esta incapacidad e incompetencia en la gestión, la economía y los españoles necesitan un impulso reformista que ponga todos los recursos disponibles al servicio de los españoles, las familias y las empresas, para que, sin dejar a nadie atrás, vuelvan a retomar la senda de la prosperidad, que el acceso a la vivienda de jóvenes y menos jóvenes no sea una quimera, los salarios permitan llegar a fin de mes y el objetivo sea converger en renta con los países más avanzados.

Para ello, el PP plantea un decálogo de medidas que, partiendo de lo más urgente, alcance a todos los sectores para frenar el deterioro de las condiciones de vida.

1. Recuperar el poder adquisitivo. Duplicar el mínimo por descendientes en el IRPF, de tal manera que en una familia con dos hijos el ahorro superaría los 400 euros desde agosto a final de año. Actualización de la tarifa estatal del IRPF para adecuarla a la inflación. IVA 0 a los alimentos básicos – pescado, carne, leche, quesos, aceite, huevos, frutas, verduras y conservas–. Bajada del 21% al 10% del IVA a la energía y eliminación del IVA para autónomos que facturen por debajo de 85.000 euro e incremento de las ayudas al gasóleo y los fertilizantes de forma real hasta el límite que permite la Comisión Europea y tramitación ágil.

2. Vivienda. El gran fracaso regulatorio español. El balance de ocho años de sanchismo es cero. El objetivo es que España vuelva a ser un país de pequeños propietarios donde todo el mundo pueda acceder a la compra o alquiler de una vivienda. Para ello, hay que crear las condiciones para construir un millón de viviendas en 4 años, ofrecer seguridad jurídica a propietarios e inquilinos, Ley antiokupación, agilizar los trámites administrativos favoreciendo el silencio positivo y medidas fiscales para los más perjudicados, los jóvenes, mediante una hucha hogar o avales públicos hasta el 95 o el 100% y reducciones de impuestos de hasta el 60% con un ahorro fiscal que alcanzaría entre 21.000 y 26.000 euros. Acabar con las zonas tensionadas.

3. Energía. Extensión de la vida útil de las centrales nucleares mediante la derogación del calendario de cierre nuclear y garantizando la rentabilidad de las centrales. Supresión del impuesto de generación eléctrica y plan de choque para desatascar los accesos a la red –producidos nuevamente por una planificación errónea y una incapacidad para la gestión– y que está dejando a proyectos empresariales y miles de viviendas sin posibilidades de conectarse a la red. Plan de inversiones en infraestructuras para atajar la escalada de los servicios de ajuste y un plan de eficiencia energética.

4. Competitividad. Impulsar un Plan Nacional de Competitividad que contemple un paquete ambicioso de beneficios fiscales a la innovación, con más seguridad jurídica y menos burocracia, eliminando las barreras que fragmentan el mercado, estabilidad regulatoria, apuesta por el talento, luchar contra el absentismo y potenciación de la FP dual, con implantación de grados y másteres en el ámbito de la IA, robótica y biotecnología.

5. Autónomos: Exención del IVA a quienes facturan menos de 85.000 euros; Tarifa Cero para nuevos autónomos; reducción de las declaraciones. De cuatro a dos o a una; no pagar cotizaciones un año por el primer empleado contratado; no pagar cotizaciones por las bajas por enfermedad grave; facilidades para trabajar después de la edad de jubilación; compatibilizar trabajo autónomo y trabajo por cuenta ajena; exención de cuotas durante dos años tras la paternidad y maternidad; equiparación de los derechos por lactancia y clarificar e incrementar las deducciones de gastos.

6. Sector industrial: La política industrial española ha sufrido una política ideológica radical que ha menguado las capacidades industriales. El PP propone una política integral basada en energía segura y competitiva con un compromiso inequívoco con la industria electrointensiva; más capacidad de red y conexiones en plazo; simplificación administrativa; estabilidad regulatoria; fiscalidad favorable a la inversión y a la innovación; medidas contra el absentismo; formación especializada; neutralidad tecnológica; incentivos a la renovación sencillos y directos; y una posición europea que compatibilice descarbonización con competitividad y empleo, es decir, flexibilidad.

7. Sector agroalimentario y pesquero. Que en España vuelva a ser rentable producir y no haya ningún agricultor que deje de sembrar y ningún buque que no salga a faenar por el alza de los costes de producción y la excesiva regulación. Incremento de las ayudas al gasóleo y los fertilizantes de forma real hasta el límite que permite la Comisión Europea y tramitación ágil. Declarar estratégico el sector agroalimentario, menos burocracia, una fiscalidad diferenciada, rentabilidad para el sector, competitividad en igualdad frente a terceros países, un Plan Nacional del Agua, gestión forestal, sostenibilidad, mano de obra regulada, relevo generacional y orgullo rural y una PAC con presupuesto suficiente, que siga siendo “política, agraria y común” y sin más burocracia que fondos.

8. Empleo: En España tiene que volver a merecer la pena trabajar, apunta tras recordar que la tasa de ocupación española está 9 puntos por debajo de países como Alemania, la brecha entre trabajar y no trabajar se ha reducido y las cifras de absentismo se han triplicado en los últimos años, de 400.000 de media en el 18, a 1,2 millones en 2026.

9. Infraestructuras: Invertir unos 300.000 millones de euros para cambiar la situación de las infraestructuras, mediante colaboración público-privada con ampliación de la libertad de amortización para favorecer las inversiones que necesitan las empresas; ampliar las deducciones en I+D+I y reformar la Ley de Contratos con dos objetivos: menos burocracia para contratar y más vigilancia para evitar casos de corrupción.

10. Plan Nacional del Agua que evite inundaciones, provea del agua necesaria y contemple un plan renove específico de mantenimiento de presas, con una auditoría técnica exhaustiva y una inversión que podría alcanzar los 100.000 millones de euros hasta 2035. 400 y 500 millones de euros vinculados a las actuaciones de emergencia, un programa extraordinario de 4.000 millones de euros –actuaciones en barrancos incluidas– para las cuencas mediterráneas.