Sánchez planea una renovación ‘feminista’ del Consejo General del Poder Judicial

La parálisis institucional derivada del Gobierno en funciones obliga a prolongar el mandato del actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que finalizó el pasado mes de diciembre de 2018, y mantener a sus integrantes en un régimen de ‘interinidad’. Sánchez planea una renovación ‘feminista’ del mismo, una vez logre conformar su Ejecutivo.

Los socialistas se inclinan por dar un especial protagonismo a las mujeres magistradas miembros del Supremo y del Constitucional al frente tanto del órgano de gobierno de los jueces, como del propio Tribunal de Garantías.

De ahí que Moncloa baraje candidatas como: Ana Ferrer, primera mujer miembro de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal y una de los siete jueces encargados de dictar la sentencia del ‘procés’ o Pilar Teso, magistrada de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y quien ya en 2013 se midió al actual presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. Como el suyo, también en aquella ocasión sonó el nombre de Encarnación Roca, vicepresidenta del Constitucional, que el Ejecutivo recupera para la futura Presidencia del Consejo General del Poder Judicial.

Sánchez priorizará la renovación, frustrada, del órgano colegiado. Para ello, tendrá que entablar conversaciones con el Partido Popular -como segunda formación más votada del arco parlamentario- hasta alcanzar un pacto que garantice el respaldo de tres quintas partes de los miembros de Congreso y Senado a los nuevos integrantes del Consejo General del Poder Judicial.

El artículo 568 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece la renovación del CGPJ cada cinco años, a contar desde su fecha de última constitución. Un procedimiento en el que «los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación se produzca en plazo».

Elección política 

Por el momento, Sánchez no baraja un cambio del actual sistema de elección de los miembros del CGPJ. Rechaza, así, la opción de que sean los propios jueces y magistrados quienes elijan a los vocales procedentes de la carrera judicial. Un mecanismo con el que la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, era sumamente crítica durante su época de fiscal.

«No vamos a ceder la soberanía popular representada en este Parlamento a intereses meramente corporativos», declaraba durante la pasada Legislatura. Afirmación que encerraba una referencia indirecta contra las asociaciones profesionales de la judicatura de las que ella misma formaba antes de su incorporación al Ejecutivo socialista.

El radical cambio de postura de Delgado suscitaba las críticas abiertas de sus antiguos compañeros.

Sin embargo, en su programa de 300 medidas para un eventual Gobierno socialista, Sánchez retomará la incorporación de mecanismos para una valoración objetiva de los candidatos a conformar y presidir el CGPJ. Entre ellos, dar publicidad a los méritos académicos y profesionales de los mismos. También reformar el funcionamiento interno del órgano de gobierno de los jueces e incorporar la dedicación exclusiva de sus miembros a las funciones propias del mismo.