Sánchez encarga controlar las redes sociales a la empresa que dio 10 millones al socio de Begoña Gómez

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Información política y parlamentaria
• • 06/02/2025 06:48
  • Actualizado: 06/02/2025 08:16

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó este miércoles el nuevo Observatorio de Derechos Digitales desde la empresa pública Red.es, precisamente la entidad estatal investigada en el caso de su mujer. La imputada Begoña Gómez mandó cartas de recomendación a este organismo, dependiente del Ejecutivo de su marido, para que acabara dando contratos por más de 10 millones de euros a su socio e ideólogo de su cátedra, el empresario aragonés Carlos Barrabés.

En un acto celebrado en la Casa del Lector, ubicada en Matadero Madrid, y acompañado de los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática (Ángel Víctor Torres); Economía, Comercio y Empresa (Carlos Cuerpo); Igualdad (Ana Redondo) y Transformación Digital y Función Pública (Óscar López), Sánchez manifestó que «no podemos permitir que el espacio digital se convierta en el salvaje Oeste; que se insulte, que se amenace, que se estafe, que se abuse de las personas, sin ningún tipo de consecuencia».

«Esta situación nos obliga a todos hacernos la siguiente reflexión: ¿por qué aceptamos como normal en el mundo digital lo que jamás permitiríamos en el mundo físico? ¿Por qué no aplicamos las mismas normas, las mismas leyes, los mismos derechos, los mismos deberes, las mismas obligaciones?», subrayó el jefe del Ejecutivo.

«Nadie aceptaría que un avión despegara sin cumplir con los más estrictos estándares de seguridad. O que un medicamento pudiera venderse sin antes someterse a las pruebas rigurosas. Y, sin embargo, hemos dejado inexplicablemente que los productos y los servicios digitales salgan al mercado sin controlar sus riesgos y sin saber cuáles son los potenciales daños», esgrimió Sánchez.

«Creo que la fe en la tecnología y en sus promesas nos ha cegado ante sus peores consecuencias», ha señalado en otro ataque más a la gran industria tecnológica, como viene haciendo desde hace semanas tras la jura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a cuya toma de posesión acudieron los principales empresarios del sector.

«Existe una élite de billonarios que no pagan impuestos, que también quieren el poder político y democrático. Quieren sentarse directamente en los consejos de ministros, sin caretas ni mediadores, y controlar nuestras leyes (…), si es preciso, fomentando el autoritarismo y el odio», apostilló el líder socialista.

«El Observatorio de Derechos Digitales que hoy lanzamos desde Red.es, con el respaldo de 48 empresas, instituciones, fundaciones y también universidades, nace con esa vocación: que los derechos y libertades que defendemos en nuestra vida diaria lleguen al mundo digital y que los protejamos con el mismo rigor y la misma vehemencia», ha remachado Sánchez, censurando las «mentiras» y los «ataques» en redes sociales, la «inmediatez del click» y la «obsesión por el like».

A través de este Observatorio, el Gobierno pretende hacer un «seguimiento» de los «derechos digitales», como «proteger la libertad de expresión y el derecho a la información».

Registros

Se da la circunstancia de que la empresa pública Red.es, dependiente ahora del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, fue registrada el pasado septiembre por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para recabar más documentación relativa a las adjudicaciones a empresas de Carlos Barrabés.

Este registro fue ordenado por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, en la investigación a la pareja del inquilino de la Moncloa por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El magistrado luego amplió la imputación a los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional en relación con la extinta cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que codirigía Begoña Gómez.

Previamente, en el mes de junio de 2024, agentes de la UCO se personaron por primera vez en las dependencias de Red.es para recopilar información relacionada con esta investigación a instancia de la Fiscalía Europea en tanto podrían haberse visto afectados contratos públicos financiados con fondos comunitarios.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acordó en una resolución fechada el 7 de junio inhibirse «exclusivamente respecto de los hechos y delitos (…) relativos a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es (…), sin perjuicio de las irregularidades vinculadas a los anteriores hechos que pudieran ser constitutivas de ilícitos penales y en las que se vieran afectados fondos europeos», recogió el escrito.

Por esta razón, el magistrado suspendió entonces las citaciones en calidad de testigos de los ex directores generales de Red.es, David Cierco y Alberto Martínez Lacambra; del director de la asesoría jurídica en Red.es, Ignacio Espejo Saavedra Hernández; y de Luis Prieto Cuerdo, director de Economía de Red.es.

Con todo, tanto Cierco como Martínez Lacambra sí tuvieron que comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo y sus ramificaciones (del caso Delcy al caso Begoña Gómez) impulsada por el PP en el Senado gracias a su mayoría absoluta.

Cierco en el Senado

En sede parlamentaria, Cierco, ex candidato del PSOE en Pozuelo de Alarcón y alto cargo del Gobierno al frente de Red.es cuando Begoña Gómez envió las cartas de recomendación para Barrabés, admitió que conoce al empresario beneficiado desde «hace más de 20 años». En concreto, el conglomerado de Barrabés se hizo con tres lotes (de dos contratos) por más de 10,2 millones de euros de Red.es tras las cartas remitidas por la esposa del presidente.

La creación del nuevo Observatorio de Derechos Digitales, impulsado por Red.es y coordinado por la Fundación Hermes, se enmarca en un programa con un presupuesto de 10,8 millones de euros.