PSOE y Podemos piden junto a los proetarras de Bildu «seguridad jurídica» para los presos de ETA arrepentidos

PSOE y Podemos, junto a los proetarras de Bildu y el PNV, han pedido al Gobierno del PP que ofrezca «seguridad jurídica» a los presos que emprendan «el camino de la legalidad» y que se marque «un itinerario», de forma que los pasos que den los reclusos tengan «sus frutos» en su situación penitenciaria. Además, jeltzales y socialistas han coincidido en que «el adiós definitivo» de ETA puede ayudar al cambio de la política penitenciaria y propiciar que los jueces «amplíen sus miras».

Representantes de estas cuatro formaciones políticas –Amaia Arregi (PNV), Julen Arzuaga (EH Bildu), Rafaela Romero (PSE-EE) y Andeka Larrea (Elkarrekin Podemos)– han defendido «una transición de una legislación excepcional a una ordinaria» para los reclusos de la banda y su «reintegración social» en un debate organizado por el Foro Social Permanente en el Colegio de Abogados de Bilbao bajo el título de ‘Una nueva política penitenciaria para un nuevo tiempo’.

Todos ellos han coincidido en poner en valor el compromiso del EPPK trasladado al portavoz del Foro Social, Agus Hernán, de «reconocer el daño causado» y mantener encuentros con sus víctimas a cambio de fijar «una hoja de ruta transversal» para que en unos «plazos razonables» haya excarcelaciones.

La parlamentaria del PNV Amaia Arregi ha afirmado que, al hablar de «una nueva política penitenciaria», se refieren a la derogación de las «leyes excepcionales» porque, «con una interpretación más amplia y adecuada al tiempo que se vive de la legislación vigentes, es posible dar pasos». «Todos compartimos que estamos ante una legislación excepcional que tristemente se ha convertido en la ordinaria», ha apuntado.

A su juicio, «no tenía sentido antes, pero mucho menos ahora, con el cese definitivo de ETA y los nuevos pasos anunciados». También ha considerado que los reclusos deben hacer, «de verdad, solicitudes individuales, y no casi fotocopiadas, solo con el hueco para poner el nombre, apellido y DNI diferente».

Para Amaia Arregi, eso «puede ayudar a que los jueces amplíen sus miras». Además, cree que la disolución de ETA «está más cerca que nunca» y confía en que esto ayude a solucionar la situación de los presos.

Revertir la situación

Por su parte, el parlamentario Julen Arzuaga ha afirmado que se puede «revertir» la situación de los presos de ETA y considera que el instrumento pueden ser las solicitudes individuales que, según ha asegurado, en estos momentos «no son estereotipadas».

«Son del puño y letra del preso con sus diferencias, con sus puntualizaciones, y si hay algo estereotipado es la respuesta que están recibiendo porque, en todos los casos, las instituciones penitenciarias les dicen que no les conceden la progresión de grado porque pertenecen a una organización que no se ha disuelto», ha indicado, para recordar que ETA abandonó la actividad armada, se desarmó y se encuentra en una reflexión para su «desmovilización».

Arzuaga ha señalado que «hay que obligar al Partido Popular a que se mueva», y ha lamentado que, mientras un 1% de la población reclusa está en primer grado (régimen cerrado), el 95% de los presos de ETA están en esa situación, cuando no existe posibilidad ni «voluntad de reincidencia».

El parlamentario de la coalición soberanista ha destacado los acuerdos a los que han llegado EH Bildu, PNV, PSE-EE y Podemos en torno a los reclusos enfermos o la dispersión, y ha considerado que hay que abordar cuestiones como «la reintegración de los presos en la sociedad, la excarcelación o la vuelta a casa de estas personas».

«Nos encontramos en un nuevo momento, hay tiempos de calado que tienen que ver con el cese de las actividades armadas de ETA, con el desarme que se produjo en abril del años pasado, con el debate que se está llevando ahora de la desmovilización y con el debate que ha llevado a cabo el EPPK para reconocer el daño causado y para utilizar la legalidad para volver a casa», ha apuntado.

Efectos jurídicos

En su opinión, «se trata de elementos fácticos que tendrían que tener efectos jurídicos, o dicho de otra manera, son elementos de hecho que tienen que empezar a desplegar efectos de derecho». «Es necesario otorgar a los presos una seguridad jurídica de que lo que vayan a hacer en ese camino que quieren implementar por medio de la legalidad, va a tener frutos, de que si hacen ‘A’ tendrá el efecto ‘B’», ha indicado, para rechazar que, luego, se pueda «mover el listón».

En este sentido, cree que no puede ser que los presos den estos pasos y «no pase nada». «Hay que asegurar que sus actos o sus omisiones tengan algún tipo de efecto eficaz, práctico y efectivo. Hasta ahora tenemos la sensación de que todo parece depender de los requisitos que caprichosamente imponga instituciones penitenciarias que, en este caso, las dirige el ministro del Interior», ha añadido.

Tras criticar que las leyes de «excepcionalidad» han ido «in crescendo», Arzuaga ha defendido que se produzca un debate «en los tribunales» al respecto, que ya «está en el nivel político y académico». «Ése es el camino por el que quieren discurrir los presos del EPPK. Y a las fuerzas políticas nos toca impulsar y marcar un camino», ha asegurado.

El PSOE acusa al PP de no implicarse en «el final ordenado de ETA»

Por su parte, Rafaela Romero, del PSE-EE, han considerado «una grave irresponsabilidad» que el Ejecutivo del PP no se implique en «el final ordenado» de ETA y que rechace la posibilidad de grado de los presos, cuando éstos han decidido emprender un camino que se les ha reclamado durante «años y años».

La parlamentaria socialista ha hablado del «nuevo tiempo» que se vive en Euskadi, que ha propiciado que estos cuatro partidos estén de acuerdo en los temas a tratar en la ponencia de convivencia del Parlamento vasco: memoria, víctimas, política penitenciaria y convivencia. No obstante, ha destacado que falta «un agente muy importante», que es el PP, «que ha sufrido la violencia de ETA» y que «es el responsable del Gobierno de España».

«El Gobierno de España es imprescindible para que todos los que estamos aquí podamos llevar a cabo el final ordenado de la violencia y el terrorismo, y entre las cuestiones pendientes urgentes, está el tema de la nueva política penitenciaria y la atención al colectivo de presos de ETA, igual que el consenso en torno a las víctimas del terrorismo y de la violencia y otras vulneraciones de derechos humanos, y en torno a la memoria y la convivencia en el futuro», ha añadido.

A su juicio, además, hay que contar con las víctimas «porque darán garantía de éxito a la nueva política penitenciaria». «Por eso, aprecio los avances que se han dado, tanto del colectivo de presos y la propia izquierda abertzale en cuanto al reconocimiento y la asistencia a diversos actos de reconocimiento de las víctimas», ha añadido.

Asimismo, ha coincidido con Arzuaga en que «ya no se puede hablar de nueva política penitenciaria, sino que hay que clarificar requisitos y qué se va a conseguir», y hacerlo de la forma «más consensuada posible».

Tras asegurar que la ponencia de memoria y convivencia «funciona muy bien», ha mostrado su deseo de que ETA «acierte en este adiós definitivo porque dependerá mucho de cómo se haga, cómo se apague la luz» para que los que están «en este trabajo proactivo por ese final ordenado tengan más éxito y sea más rápido».

El representante de Podemos Euskadi Andeka Larrea ha calificado de «vieja o desfasada» la actual política penitenciaria «de excepción» y ha considerado que hay que «cambiarla en el plazo más breve posible». Para ello, cree que hay «hace falta más trabajo y generar algunas otras complicidades», en alusión al PP.