El PP detecta que la Ley de Nietos puede privarle de dos escaños clave en Cataluña
Sólo le faltaron 285 votos en Gerona y unos 3.500 en Lérida para lograr sendos diputados en las elecciones de 2023
El PP exige a la Junta Electoral que excluya las inscripciones de falsos ‘nietos del exilio’ suspendidas por el Supremo
La proyección de escaños que arroja el promedio de encuestas sobre el reparto de diputados en Cataluña otorga al PP provisionalmente uno en Gerona y otro en Lérida, provincias clave para que esta comunidad sea decisiva en la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.
Sin embargo, fuentes de la dirección del PP creen que la Ley de Nietos, con la nacionalización de descendientes de emigrantes que no fueron exiliados políticos, puede tener efectos en dicha distribución de escaños en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
En Gerona, al PP le faltaron 285 votos en 2023 para quitarle un diputado a Junts, y en Lérida, unos 3.500 votos para arrebatárselo al PSC. Finalmente, los populares no consiguieron representación por estas provincias en el Congreso de los Diputados, y quedaron con seis parlamentarios catalanes (cinco por Barcelona y uno por Tarragona).
Fuentes de la sala de máquinas del PP inciden en que «la Ley de Nietos ni es ley ni es de nietos». Primero, porque fue alterada por una instrucción, de rango menor, firmada por Sofía Puente, hermana del actual ministro de Transportes, Óscar Puente. Y segundo, porque está beneficiando a bisnietos y tataranietos —dándoles derecho a voto— de españoles que no salieron de España como exiliados, sino que lo hicieron antes de la Guerra Civil. OKDIARIO ha publicado casos de emigrantes del siglo XIX por razones fundamentalmente económicas.
De momento, se desconoce el número de nacionalizados vía Ley de Nietos que no son exiliados políticos y que están inscritos en el voto CERA de cada provincia (o circunscripción). Una inscripción que el Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente y que va camino de convertirse en toda una batalla jurídica en la antesala de las generales del 29-N.
De lo que sí hay datos es del número de inscritos en el voto CERA por provincias, donde también figuran los nacionales expatriados, por ejemplo, por motivos laborales, y dados de alta en el Registro de Matrícula Consular. En el caso de Gerona, la cifra a fecha del 1 de agosto de 2026 es de 29.926 electores CERA (desde el extranjero), según recoge la Oficina del Censo Electoral, mientras que el censo de las generales del 23 de julio de 2023 se situó en 24.016 inscritos (de los que votaron 2.403), por lo que ha habido aquí un incremento de 5.910 electores, esto es, de un 24,6%.
Teniendo en cuenta sólo los residentes en Argentina, país donde se ha producido el mayor número de nacionalizaciones con la ley de Memoria Democrática de 2022 (o Ley de Nietos), según datos del propio Gobierno español, el censo para el voto CERA en Gerona ha pasado de 1.531 inscritos a fecha de 1 de mayo de 2023 (antes de las elecciones del 23-J) a un total de 1.917 a 1 de agosto de 2026 (antes de las generales del 29-N). Por tanto, ha habido también un aumento de 426 inscritos residentes en Argentina, esto es, de un 27,8%, tal y como refleja la información de la Oficina del Censo Electoral. Cabe recordar que el PP no arrebató a Junts el escaño de Gerona en 2023 por sólo 285 votos.
De igual modo, en la circunscripción de Lérida, en las generales de julio de 2023, el censo del voto CERA lo conformaron 18.277 electores (de los que votaron 1.806), mientras que a fecha del 1 de agosto de 2026 constan 21.644 inscritos, dándose aquí otro incremento de 3.367 electores (un 18,4%).
Respecto a los residentes en Argentina, el censo para el voto CERA en Lérida se ha elevado también de 3.500 inscritos a fecha de 1 de mayo de 2023 a un total de 4.996 a 1 de agosto de 2026, es decir, figuran casi 1.500 electores más, o lo que es lo mismo, un 42,7% más.
Petición a la Junta Electoral
Entretanto, como informó OKDIARIO este lunes, el PP ha solicitado a la Junta Electoral Central que excluya del censo electoral todas las inscripciones suspendidas tras el auto del Tribunal Supremo sobre la Ley de Nietos. Y le ha pedido que lo haga «en un máximo de 18 días» a partir de este martes, cuando se convocan formalmente las elecciones generales del próximo 29 de noviembre vía Boletín Oficial del Estado (BOE).
Para la dirección del PP, la suspensión cautelar del Supremo «tiene que aplicarse ya al censo que se utilizará el 29-N, suspendiendo los derechos electorales de los inscritos por la Ley de Nietos, salvo que tengan la certificación consular de exilio, y la Junta Electoral Central (JEC) debe garantizar que esa suspensión se respete en el envío de documentación, en los consulados y en el escrutinio», señalaron fuentes de Génova.
Asimismo, las fuentes del PP recuerdan la posibilidad de impugnación del censo en aquellas circunscripciones que, en los seis meses anteriores a la convocatoria electoral, hayan registrado un «incremento de residentes significativo y no justificado».
Cataluña, la «llave»
El pasado junio, el propio Feijóo ya avanzó a los suyos en el cónclave del PP de Cataluña que esta comunidad es la «llave» para «sacar a Sánchez de la Moncloa». Y les dijo que «si logramos 12 diputados de Cataluña en el Congreso, el cambio está asegurado». Es decir, el mismo resultado que obtuvo el partido en las elecciones de 2000, que es el mejor de esta formación en Cataluña en unas generales. El PP de José María Aznar logró entonces ser tercera fuerza con más del 23% de los votos en esta región.
Esos 12 diputados supondrían doblar los seis escaños (cinco por Barcelona y uno por Tarragona) cosechados en julio de 2023, una tarea difícil, pero no imposible, sostienen las fuentes populares, que prometen trabajar duro para conseguir esos dos escaños de Gerona y Lérida que se resisten.
Para ello, según avanzan las mismas fuentes, centrarán el mensaje en captar voto útil de Vox, cuyo crecimiento en Cataluña atribuyen a que el «clima de tensión provoca una respuesta más emocional» de los electores. Y en atraer descontentos del PSC, del que destacan su retroceso –como ocurre con el bloque de izquierdas– en las últimas encuestas autonómicas que se han conocido.
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