La Policía Científica no exime a Iglesias de haber sido quien dañó la tarjeta del móvil de Dina

La Policía Científica ha determinado en un informe remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que no ha podido analizar el contenido de la memoria de la tarjeta de la ex asesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, para averiguar los daños que presuntamente habría realizado el vicepresidente del Gobierno a la micro SD Samsung 32 GB.

En el documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, los agentes exponen que «al no poder realizarse la lectura del contenido de la memoria no se puede determinar si existían daños previos a la discontinuidad encontrada en el vestigio, que partes están afectadas por los mismos ni el momento en que se produjeron».

Es decir, los investigadores no eximen a Iglesias de haber cometido un delito de daños informáticos puesto que no han podido acceder al contenido de dicha tarjeta para examinar tal extremo.

De acuerdo con el veredicto del laboratorio de Londres con el que contactó la pareja de Dina Bousselham, Ricardo Sa Ferrerira, para recuperar el contenido de la tarjeta SD que le entregó Pablo Iglesias destruida internamente, los policías explican que el lijado que presenta la memoria «sería compatible con un intento de recuperación del contenido de la memoria, una vez que se ha detectado un fallo en la controladora de la tarjeta que impide su normal funcionamiento. Este lijado se suele realizar mediante la utilización de un lápiz de fibra de vidrio o bien mediante lija de grano muy fino». Es por ello, prosiguen, que «la técnica descrita en el punto anterior sería empleada por los laboratorios especializados en recuperación de información de este tipo de dispositivos».

Del mismo modo, la empresa británica Recuperación Express remitió al juez Manuel García-Castellón otro informe de 40 páginas en el que confirmaba que la micro SD llegó «irrecuperable» en septiembre 2017, un año y nueve meses después de que el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, se la proporcionara al vicepresidente. Según la empresa «no se podía acceder a través del software especializado en recuperación de datos».

Análisis de recuperación 

Los técnicos de la Policía Científica, a los que García-Castellón encargó este informe, exponen en este nuevo análisis que han intentado acceder al contenido de la tarjeta, sin éxito, mediante dos procedimientos:

Primero, «utilizando un dispositivo de lectura de tarjetas SD, conectado a la estación forense mediante el puerto USB a través un bloqueador hardware para evitar alteraciones sobre la información almacenada en la memoria, se intenta la lectura a través de la controladora de la tarjeta, modo de funcionamiento habitual, produciéndose un error que impide finalizar el procedimiento».

Tras este fallido intento, procedieron a la «lectura directa de la memoria, procedimiento utilizado cuando la controladora de la tarjeta se encuentra dañada, utilizando los pines que han sido descubiertos mediante el proceso de lijado descrito en puntos anteriores, y empleando una configuración de los pines específica para la marca y modelo de la tarjeta, no se ha obtenido resultado positivo, no habiendo sido posible la lectura. En la configuración de la tarjeta analizada, el pin que presenta la discontinuidad corresponde con la señal ALE (Address Latch Enable) la cual es necesaria para poder realizar la lectura del chip de memoria».

Dina Bousselham aseguró en su declaración ante el juez Manuel García-Castellón, realizada el 18 de mayo, que la fecha exacta en la que Iglesias le entregó la tarjeta no la recordaba pero que sabía que en cuanto se la devolvió, al percatarse que no funcionaba, se puso en contacto de manera inmediata con una empresa de recuperación. Por ello, los investigadores del caso Dina-Iglesias sospechan que el vicepresidente no le proporcionó la micro SD a su ex asesora hasta septiembre de 2017, es decir, un año y nueve meses después de recibirla él.

Por este motivo, el instructor y los fiscales retiraron al líder de Podemos su personación como perjudicado en la causa y valoraron que pudo cometer dos delitos: revelación y descubrimiento de secretos y daños informáticos. A estos dos se suma el de fraude procesal.