La patronal catalana rechaza la ley del referéndum ilegal por ser «un golpe de estado jurídico»

La patronal catalana Foment del Treball ha trasladado su rechazo al proyecto de ley de referéndum de Cataluña y ha defendido que no debe llegar a votarse en el Parlament catalán y mucho menos a aprobarse al considerar que supondría «un golpe de estado jurídico».

La Comisión Jurídica de Foment del Treball ha redactado un documento en el que alerta de que una declaración unilateral de independencia exprés aprobada por una simple mayoría de votos «supondría de hecho un golpe de estado jurídico contrario al derecho interno e internacional, y un ejercicio de enorme irresponsabilidad política de consecuencias impredecibles».

Según informa en un comunicado, la Comisión Jurídica ha expuesto que el borrador de la ley «se sitúa completamente al margen y en contra del marco constitucional, de la doctrina del Tribunal Constitucional y de los principios de democracia y del Estado de Derecho», además de apelarse en el mismo a una «inexistente soberanía» del pueblo de Cataluña «para organizar un referéndum contrario» a la Carta Magna.

Así, tras recordar que las reinvindicaciones soberanistas sólo pueden ejercerse «dentro del respeto de la Constitución y de la ley», la citada Comisión pone de manifiesto que el proyecto de ley «no está legitimado ni por el derecho internacional ni por el mandato democrático de las elecciones al Parlamento del 27 de septiembre de 2015».

Recalca, además, que «no respeta los mínimos exigidos por la organizaciones internacionales y por la doctrina para celebrar un referéndum secesionista» y, en este sentido, recuerda sólo reconoce el derecho de secesión «en los procesos de descolonización y en los casos de graves vulneraciones de los derechos humanos».

Además, señala que el proyecto de ley «no surge de un amplio consenso, no garantiza una campaña larga y con neutralidad, no determina cómo se elaborará el censo, no garantiza la composición plural de las mesas electorales y no impone una mayoría clara».

«El texto constituye una norma excepcional que como tal se sitúa por encima de las leyes del Estado español y de la doctrina del Tribunal Constitucional», recoge la Comisión, que reafirma que el proyecto de ley se «enfrenta frontalmente con el Código de Buenas Prácticas de la Comisión de Venecia».

Finalmente, recalca que además de todo lo expuesto, desde el punto de vista formal, el proyecto presenta «graves problemas» porque se desconoce cuándo se llevará al Parlament pero que se celebrará el 1 de octubre, «lo que impide una campaña con las mínimas garantías temporales».

«Tramitar el proyecto de ley por el procedimiento de lectura única, gracias a la reforma del artículo 135 del Reglamento del Parlament de Cataluña es contrario a la Constitución y al estatuto de Autonomía, según el propio Dictamenb del Consejo de Garantías Estatutarias», recuerda al respecto.

Por todo ello, concluye que la «legítima reivindicación» catalana del reconocimiento de su singularidad dentro del Estado español «debe encontrar su solución por la vía de la negociación y dentro del respeto de los principios de democracia y legalidad». «Una negociación a la que debe acudirse con ofertas y voluntad de renuncias por ambas partes», ha incidido.