NEOS denuncia y alerta sobre la utilización del Fondo Social Europeo para financiar el aborto en Europa

La Fundación NEOS, miembro de la Asamblea por la Vida la Libertad y la Dignidad en España y de la Federación Europea One of Us en Europa, denuncia públicamente la decisión de la Comisión Europea, conocida en el día de ayer, por la que los Estados miembros podrán utilizar el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para financiar abortos.

Esta respuesta de la Comisión Europea a la Iniciativa Ciudadana Europea My Voice, My Choice, si bien descarta crear un nuevo instrumento para financiar el aborto, recuerda que los Estados miembros pueden recurrir a herramientas ya existentes como el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para costearlo.

La reinterpretación del FSE+, que en la práctica abre la vía para que recursos aportados por los contribuyentes españoles puedan destinarse a financiar abortos también fuera de España, no sólo implica una aberración moral, sino que supone una alteración sustancial de su naturaleza jurídica y una decisión de enorme alcance político, jurídico, social y moral. Además, hay que tener en cuenta que la Comisión Europea regula un asunto que los tratados de la unión dejan explícitamente en manos de los Estados, lo que supone una intromisión en su soberanía.

El aborto no forma parte de las competencias atribuidas a la Unión Europea por los Tratados. El principio de atribución, que contempla el art. 5 del Tratado de la Unión Europea, establece que la UE sólo puede actuar en los ámbitos que los Estados miembros le han conferido expresamente. Extender fondos europeos a la financiación del aborto constituye una interpretación expansiva que desborda ese marco.

Como ha señalado el profesor Tonio Borg, presidente de la Federación One of Us y ex comisario europeo: «Los Tratados de la UE están siendo vulnerados. El aborto no entra dentro de la competencia de la Unión Europea».

¿Dinero para pobreza o abortos?

El FSE+ nació como instrumento para combatir la pobreza, promover el empleo y favorecer la inclusión social. Reorientarlo hacia la financiación del aborto representa una alteración profunda de su finalidad, e introduce un cambio sustantivo que debería ser objeto de un debate político y jurídico explícito en el Consejo y en los parlamentos nacionales.

España, como Estado miembro, contribuye obligatoriamente al FSE+. Si este fondo pasa a financiar el aborto en el ámbito europeo, los contribuyentes españoles participarán en esa financiación sin un debate en los órganos nacionales correspondientes que así lo decida.

Desde el punto de vista político y social, resulta profundamente contradictorio que un fondo concebido para evitar que las familias con hijos caigan en la pobreza pueda destinar recursos a eliminar ciudadanos europeos, los más vulnerables, precisamente a los ciudadanos a los que estaba destinado a proteger.

Como han advertido diversas voces europeas: «Ampliar el FSE+ para financiar abortos es el colmo del cinismo: un fondo creado para apoyar a las familias vulnerables no puede convertirse en instrumento para promover su desaparición». Más allá del debate moral, existe una cuestión de coherencia presupuestaria: cada euro destinado a esta nueva finalidad es un euro que deja de invertirse en políticas de apoyo directo a familias en riesgo de exclusión.

Llamamiento al Gobierno de España

NEOS solicita al Gobierno español que aclare públicamente su posición en el Consejo de la Unión Europea y que defienda el respeto al principio de subsidiariedad, la neutralidad competencial en materia de aborto y la finalidad originaria de los fondos sociales europeos.

La pluralidad cultural y moral de Europa exige que las instituciones comunitarias actúen con prudencia en materias de profunda división social. Transformar instrumentos financieros de cohesión en herramientas ideológicas no contribuye a la unidad europea ni al respeto debido a las competencias nacionales.

La defensa del derecho fundamental a la vida, la libertad de conciencia y el equilibrio institucional europeo no es una cuestión partidista, sino un compromiso con el Estado de Derecho y con el respeto a la soberanía democrática de las naciones de Europa. La soberanía democrática no puede diluirse por la vía presupuestaria.