El Gobierno sigue a Madrid: multará ahora los anuncios de pisos turísticos pese a poder hacerlo desde 2022

Los partidos de izquierdas llevan meses en una ofensiva contra el Ayuntamiento de Madrid por los pisos turísticos. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha sido el primero en poner en marcha un plan contra estas viviendas de uso turístico, a pesar de que el Gobierno tiene competencias para la persecución de estos inmuebles. Y así lo ha demostrado el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, que ha asegurado ahora que multará los anuncios de estos pisos ilegales, a pesar de tener potestad para iniciar expedientes sancionadores desde 2022.

El Ministerio de Consumo ha abierto una investigación sobre potenciales prácticas comerciales desleales en relación con las viviendas turísticas que operan sin licencia y que se anuncian por toda España en plataformas destinadas al alquiler turístico. Desde la Dirección General de Consumo, integrada en este ministerio, se han identificado posibles prácticas de este tipo en diferentes ciudades españolas. Serían prácticas comerciales que, con base en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, serían desleales y que, por tanto, supondrían una infracción.

De esta forma, Bustinduy ha pedido a los ayuntamientos que colaboren para la persecución de estos pisos, siguiendo en parte la estrategia del Consistorio madrileño de endurecer las sanciones. Sin embargo, y pese a que el Ministerio de Consumo dispone de capacidad sancionadora desde el año 2022, no ha sido hasta este momento cuando ha reivindicado la colaboración institucional.

Según este precepto legal, los anuncios de pisos turísticos pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se podría sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Asimismo, el ministro de Consumo ha planteado introducir el IVA en la actividad de los pisos turísticos en España y que tributen «como cualquier actividad comercial» para frenar el aumento de la oferta ilegal, defendiendo que si no se aplica IVA a la vivienda vacacional, se está incentivando su uso.

No es la primera vez que el Gobierno sigue la hoja de ruta de Almeida para frenar la proliferación de pisos turísticos. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se reunía con las comunidades autónomas para abordar el incremento de los pisos turísticos. Una de las medidas que la titular de Vivienda ha puesto sobre la mesa es la creación de una plataforma que reúna todos los alojamientos turísticos en cada ciudad, similar a la que Almeida ha presentado y que ha recibido numerosas críticas por parte del PSOE de la capital.

Concretamente, la ministra socialista ha trasladado a las autonomías la importancia de datos públicos al servicio del interés general sobre los pisos turísticos y ha abogado por poner en marcha una plataforma antes de que acabe 2025 una plataforma en la que agrupar esta información, tal y como exige un nuevo reglamento aprobado recientemente en la Unión Europea. Se trataría así de un plan bastante similar al de Almeida en Madrid, que ha hecho público un mapa con las direcciones exactas de los pisos turísticos que sí que cuentan con licencia, con el objetivo de la ciudadanía cuente con la información legal sobre estos alojamientos.

Ayuso contra los pisos turísticos

Tras la decisión de Almeida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también tomará cartas en este asunto. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, anunciaba que duplicarán el número de inspectores para el control de la actividad de las viviendas de uso turístico (VUT) en la región. Medidas que llegan ante la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez para poner coto a esta lacra que tanto está perjudicando a los ciudadanos, incapaces de hacer frente a contratos asequibles para el alquiler o la compra de vivienda.

En concreto, pasarán de 16 a 29 los inspectores, además de la incorporación de cuatro profesionales que se encargarán del intercambio de datos e información para tener un mayor control sobre esta actividad ilegal. Y es que la mayoría de las viviendas de uso turístico que operan, aparentemente, lo hacen sin los permisos necesarios.