El Gobierno cree que el 1-O no habrá referéndum pero sí teme incidentes de radicales de la CUP y ERC

El Gobierno de Mariano Rajoy se muestra convencido de que la Generalitat no podrá celebrar el referéndum ilegal de independencia anunciado para el 1 de octubre (1-O), pero no se descarta que en torno a esa jornada se produzcan incidentes violentos protagonizados por los sectores más radicales de la CUP, ERC y la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

La hoja de ruta aprobada el pasado mes de abril por la ANC insta al presidente Carles Puigdemont a declarar unilateralmente la independencia y a proclamar la República catalana de forma inmediata si el Ejecutivo impide celebrar el referéndum, que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional (TC).

Pero además el documento señala que si el Gobierno central toma alguna otra medida coercitiva (como inhabilitar a miembros del Govern o, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, suspender parcialmente las competencias de la Generalitat), la ANC asumirá las movilizaciones ciudadanas en un escenario de «desobediencia civil» a la legalidad española.

Una desobediencia que ya ha asumido el propio Ejecutivo de Carles Puigdemont. El borrador de la Ley de Transición que quiere aprobar en el Parlament deroga la vigencia de las leyes españolas: la única legalidad vigente en Cataluña será la emanada de sus propias instituciones.

Librar de la cárcel a la familia Pujol

Si llega a aplicarse, la Ley de Transición también dejará sin efecto todos los procesos judiciales de la Justicia española en los que se encuentran inmersos los ciudadanos catalanes. Algo que libraría de la cárcel a toda la familia Pujol, que se encuentra imputada como organización criminal tras más de dos décadas cobrando comisiones ilegales, y que eximiría de cualquier responsabilidad al ex presidente Artur Mas y sus consellers por organizar la consulta ilegal del 9-N.

La ANC ya intentó coaccionar a la Justicia española al organizar una movilización multitudinaria, encabezada por decenas de alcaldes enarbolando sus varas de mando, que acompañaron a Artur Mas hasta las puertas del TSJC cuando acudió a declarar como imputado.

El Gobierno de Rajoy ya ha tomado la medida más persuasiva para impedir el referéndum, al intervenir las cuentas de la Generalitat y anunciar que cerrará el grifo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) si Puigdemont destina un sólo céntimo a la organización de su consulta ilegal. Algo que pondría en serios apuros a la Generalitat para abonar las nóminas de sus funcionarios y pagar a sus proveedores.

Como ha informado OKDIARIO, hasta ahora Cataluña es con diferencia la región que más se ha beneficiado de los fondos del FLA: ha recibido 66.550 millones desde 2012. Además, el Gobierno de Mariano Rajoy a remitido una carta a los secretarios de los ayuntamientos catalanes recordándoles que no pueden vulnerar la legalidad facilitando la celebración del referéndum.

Un talibán al frente de los Mossos

El procedimiento puesto en marcha por el Tribunal de Cuentas para obligar a Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau a pagar de su bolsillo los 5,1 millones de euros que costó la organización del 9-N también constituye una advertencia de las responsabilidades que pueden asumir Carles Puigdemont y sus consellers.

Ante este panorama, Puigdemont quiere que toda la responsabilidad legal recaiga en los ciudadanos –movilizados en las calles por la ANC, ERC y los antisistema de la CUP– y en los funcionarios. Para ello, ha destituido al anterior jefe de los Mossos d’Esquadra y ha colocado en su lugar a un talibán independentista, Joaquim Forn, decidido a obligar a sus agentes a que vulneren la legalidad.