El CGPJ solicita a la Policía los informes sobre las amenazas al juez García-Castellón

El Consejo general del Poder Judicial (CGPJ) solicita a la Policía los informes sobre las amenazas al juez del caso Dina-Iglesias, Manuel García-Castellón con el objetivo de decidir si otorgan o no amparo al magistrado, regulado en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

De esta manera, la Comisión Permanente del órgano de los jueces ha tomado conocimiento del desprestigio sufrido por el juez a raíz de solicitar al Tribunal Supremo que abra causa al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha puesto en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que «miembros del Gobierno» han agitado la campaña de amenazas de muerte en las redes sociales contra él. En el escrito enviado al órgano de jueces, el magistrado afirma que «desde algunos ámbitos, y a través de las redes sociales y otros medios de comunicación, se está difundiendo la idea de que la exposición razonada» que envió al Tribunal Supremo solicitando que investigue al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por tres delitos «no es fruto de la convicción jurídica de este juez, sino el resultado de una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una determinada organización política.»

Estos mensajes -señala– son repetidos y amplificados por muchos de los dirigentes, entre ellos algunos miembros del Gobierno, que «desde la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, señalan de forma directa a este magistrado y a sabiendas de la repercusión que sus palabras pueden tener, colocan al magistrado intencionadamente en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional.»

Como consecuencias de estos ataques «se ha constatado en redes sociales la evidencia de esta premeditada campaña, materializada en amenazas directas contra la integridad física e intromisiones ilegítimas contra el honor y la dignidad personal vertidas en redes sociales y dirigidas a constreñir de una forma grave e intolerable en un Estado de Derecho el ejercicio de la actividad profesional, y como ejemplo vivo de lo que puede suceder a quien tome decisiones no alineadas en un determinado sentido», señaló del mismo modo el escrito remitido por el presidente de la Audiencia Nacional, José Manuel Navarro, al órgano de Gobierno de los jueces.

Amenazas de muerte

Además las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya están investigando la procedencia de dichas amenazas hacia el juez Manuel García-Castellón, según fuentes policiales consultadas por OKDIARIO. El magistrado viene sufriendo estas amenazas y episodios de acoso desde hace tiempo, pero se han intensificado en los últimos días con motivo de la decisión judicial que ha tomado respecto a Pablo Iglesias.

García-Castellón ha puesto en conocimiento de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional que ha recibido «amenazas de muerte» en redes sociales contra su persona tras haber instado al Tribunal Supremo a que investigue al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por tres delitos cometidos en el caso Dina-Iglesias.

La campaña de desprestigio iniciada desde círculos de Podemos contra el magistrado que ha apuntalado los tres posibles delitos de Pablo Iglesias ha ido un paso más allá. Del descrédito que han tratado de sembrar en redes sociales contra el juez de la Audiencia Nacional se ha pasado, directamente, a amenazas de muerte.

Así lo ha denunciado el propio magistrado ante miembros de la Comisaría de Información de la Policía Nacional, que ya estaría investigando la procedencia de dichas amenazas. Según fuentes policiales consultadas por OKDIARIO, estas amenazas y episodios de acoso los viene sufriendo desde hace tiempo, pero se han intensificado en los últimos días con motivo de la decisión judicial que ha tomado respecto a Pablo Iglesias.

Desde que García-Castellón elevó al Supremo una exposición razonada de motivos por los que imputar hasta tres delitos al vicepresidente Iglesias, el acoso y amenazas contra el magistrado han ido a más.

Nada más conocerse la noticia, adelantada por OKDIARIO, las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios contra el juez. Algunos de ellos, como el adjunto, incluían una guillotina (este mensaje es una muestra, OKDIARIO desconoce si es una de las amenazas investigados):

Exposición razonada

Manuel García-Castellón ha elevado al Tribunal Supremo una exposición razonada con los indicios delictivos cometidos por el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en el caso Dina-Iglesias. En el escrito de 63 páginas, el magistrado solicitó que se investigue al vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa o simulación de delito.

Además, solicitó que se investiguen a la diputada Gloria Elizo y los letrados de la formación morada Marta Flor Núñez y Raúl Carballedo por acusación o denuncia falsa o simulación de delito. El juez cree que Dina Bousselham y su marido Ricardo Sa Ferreira pudieron cometer un delito de falso testimonio.

De no ser aforado por su condición de diputado del Congreso y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias habría sido ya imputado de tres delitos por el juez que durante años ha investigado la causa.

Delitos cometidos por Iglesias

Según señala el titular del Juzgado central de Instrucción 6, Pablo Iglesias recibió de Antonio Asensio, el 20 de enero de 2016, la tarjeta de memoria original mini SD procedente del teléfono de Dina Bouselham, en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de aquella.

«Pese a ello se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas (ella había sido su asesora) y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de Dina desde noviembre de 2015», explicó el auto.

El magistrado señaló como otro punto significativo el hecho de que Pablo Iglesias devolviera a Dina la tarjeta que guardaba en su poder inoperativa y, advirtió de que si bien no se ha podido determinar la fecha de la devolución, indica, en todo caso, que debió de ser antes del 23 de agosto de 2017. «Se sabe que cuando se devuelve la tarjeta está inservible para su funcionamiento». Hechos por los que se le atribuyen los delitos descubrimiento y revelación de secretos del art. 197.1 y 2 del Código Penal y daños informáticos del art. 264 del mismo texto legal.

Motivo por el cual el magistrado y los fiscales anticorrupción retiraron en mayo de este año al vicepresidente segundo de Pedro Sánchez la condición de perjudicado en el procedimiento al considerar que no era víctima de unas supuestas «cloacas del Estado» tal y como él mismo había denunciado. Su única intención fue utilizar esta causa antes de las elecciones generales del 28 de abril para hacer campaña política.