Una asociación de fiscales pide imputar a García Ortiz por apoderamiento ilícito de información y prevaricación

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo por la presunta revelación de secretos en la causa judicial del novio de Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al juez imputar a Álvaro García Ortiz los delitos de apoderamiento ilícito de información y prevaricación. En el documento, la asociación pide al juez Ángel Hurtado que cite ya a declarar como investigado al fiscal general del Estado, después de que se hayan aportado a la causa dos informes de la UCO que le vinculan con los hechos.

La causa especial abierta en el Tribunal Supremo echa a andar. La primera diligencia del instructor fue comisionar a los agentes de la Guardia Civil para que registrasen el despacho del fiscal general e interviniesen su teléfono móvil en busca de pruebas. Sin embargo, Álvaro García Ortiz borró los mensajes y los agentes han remitido al juez un documento en el que aseguran que se han encontrado cero mensajes relacionados con la investigación. Tras más de 10 horas registrando su lugar de trabajo no pudieron obtener ninguna información.

De este modo, la asociación de fiscales que ejerce como acusación en el procedimiento ha pedido que se investigue el mencionado borrado de mensajes solicitando al instructor que requiera al delegado de protección de datos de la Fiscalía que aporte «los protocolos de borrado de datos que existen en terminales de almacenamiento, lo que incluye teléfonos móviles y ordenadores de toda índole». Además, piden se acredite si el fiscal general ha cambiado de terminal de móvil desde el 13 de marzo.

Llamadas de Álvaro García Ortiz

La APIF también pide al juez que requiera el «listado de llamadas entrantes y salientes de los móviles» de Álvaro García Ortiz y la fiscal Pilar Rodríguez de la noche del 13 al 14 de marzo para acreditar si hablaron con periodistas. La UCO examinó también el terminal móvil de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y concluyó que hablo con los compañeros sobre información relacionada con la causa judicial por presunto fraude fiscal abierta sobre el novio de Ayuso.

La asociación, representada por los abogados Juan Antonio Frago, Verónica Suárez, Álvaro Bernad y Napoléon Cánovas, sostiene que del informe de la UCO relativo a Rodríguez «se deduce claramente que la versión de que la desprotección y filtrado, máxime por las horas nocturnas a las que se produjo, solo puede venir de la persona del investigado», en referencia a Álvaro García Ortiz.

Nuevos delitos

Los abogados insisten que Álvaro García Ortiz podría haberse apoderado ilícitamente de información. «Antes del filtrado, existe una porción del iter criminis que ya consta plenamente cometida por el investigado: el apoderamiento ilícito de la información», explican. Y prosiguen: «Ni el fiscal general del Estado, ni la jefe provincial, tenían a su disposición esa información, por mucho que remate jerárquicamente el primero la institución», subrayan.

Al hilo, afean que Álvaro García Ortiz, en lugar de «llamar a su presencia a un fiscal, y por los cauces reglamentarios», optara por «quebrantar el descanso o tiempo libre de un funcionario fiscal para que, con total nocturnidad, se le exija una documentación sensible vía whatsapp, y para que esta acabe depositada en un correo electrónico no corporativo». Para la asociación, se trata de «una brecha de seguridad en materia de protección de datos en toda regla».

La APIF considera además que se ha acreditado también el delito de prevaricación administrativa, toda vez que Álvaro García Ortiz «transmitió órdenes verbales y por un medio no ortodoxo, el whatsapp, para que, a la postre, el fiscal Julián Salto redirigiera correos que no estaban al alcance de ninguno de los investigados», en referencia a Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez. La asociación entiende que es «insalvable la forma (llamadas y whatsapp fuera manifiestamente de horario laboral), la falta de constancia posterior y el borrado de los whatsapp del móvil del investigado se trata de una prueba incriminatoria donde las haya por la falta de firma electrónica y la ausencia de legalidad al no cumplir los cauces del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de obtención de información de un inferior jerárquico».

«Todo ello nos lleva a apuntar a un delito de prevaricación administrativa en concurso con el delito bien de infidelidad en la custodia de documentos públicos o bien de descubrimiento y revelación de secretos», concluyen en el escrito.