Afectados de inquiokupación contra el Gobierno por mantener el decreto 11/20 en 2026: «Nos llaman fango»

La Plataforma de Afectados por la Okupación estalla contra el Gobierno de Pedro Sánchez ante la posibilidad de que se prorrogue de nuevo la ley que ampara la okupación e inquiokupación. Este año las víctimas de okupación pueden tener la posibilidad de recuperar sus viviendas si los socios del Gobierno, Junts y PNV, no apoyan este Real Decreto-ley.

«Estamos siendo sacrificados por otros intereses políticos» denuncian casi 100.000 víctimas de inquiokupación. El problema de la inquiokupación no ha dejado de aumentar en los últimos siete años. El Gobierno de Pedro Sánchez fomenta que se agrave este problema a través del Real Decreto 1/2025, el cual incluye la congelación de los desahucios de las personas vulnerables o falsamente catalogadas así y prohíbe cortar los suministros básicos. “Esta nueva prórroga del decreto puede suponer la ruina de familias trabajadoras que tienen una única vivienda en alquiler”, denuncia a OKDIARIO Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma Afectados por la Ocupación.  

Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, critica que por séptimo año consecutivo las víctimas de okupación son las que deberán pagar todos los suministros ante la inatención de las administraciones públicas. España es el único país de la Unión Europea en el que la okupación e inquiokupación se ha convertido en una lacra social: «Esto es una anomalía democrática que existe exclusivamente en España, porque no hay ningún ejemplo de nuestro entorno de la Unión Europea que tenga una situación parecida». 

La Plataforma de Afectados por la Ocupación compareció el pasado martes en el Senado para pedir una ley integral contra la okupación y el fin del Real Decreto 1/2025, el cual ampara y facilita la okupación. En esta comparecencia pidieron a la Cámara Alta ayuda para recuperar sus viviendas y dejar de ser los sustentos de delincuentes que un día decidieron dejar de pagar el alquiler. Una petición que puede caer en saco roto de nuevo. El Senado cuenta con mayoría del PSOE, que es el partido que facilita y apoya la okupación e inquiokupación con el real decreto anteriormente mencionado. 

Las víctimas de inquiokupación no solo se tienen que enfrentar al allanamiento ilegal de sus viviendas y los costes económicos que esto supone, también se enfrentan a la invisibilización de su problema por parte del Gobierno central. “No hay datos concretos de inquiokupación por parte del Ministerio del Interior. Es una casuística que el Ministerio no recoge”, denuncia Ricardo Bravo a este periódico. Y añade: “Existen 16.426 denuncias conocidas por allanamiento y usurpación que recoge el Ministerio del Interior. Sin embargo, esta cifra no contabiliza las denuncias de los procedimientos civiles. Podríamos encontrar que la cantidad total de afectados por okupación e inquiokupación alcanza los 100.000 afectados”. 

«Imaginaos lo que puede sentir un afectado cuando escucha al presidente del Gobierno meternos en un saco de bulo y fango cuando saben que los datos no son así. Nosotros no sabemos cuál es el dato, pero desde luego la incidencia que hay sobre la okupación es muchísimo mayor de lo que quieren hacer ver», denuncia el portavoz de la Plataforma Afectados por la Ocupación. 

«Nos llaman fango»

El Gobierno no sólo invisibiliza la inquiokupación sino los problemas que surgen a partir de esta cuestión fomentada por el Gobierno de Pedro Sánchez: «No son solo los afectados directos los que sufren la ocupación, sino que también los vecinos convivientes. Los barrios donde se asientan las mafias okupas también crean daños colaterales a todos esos vecinos», recalca Bravo. 

Las víctimas de ocupación denuncian que son «conscientes de que el PSOE sabe que existe el problema, pero entendemos que hay otras causas mayores que les hacen desviar la mirada sobre este problema. Lo que están haciendo es sacrificarnos por otros intereses políticos». Llama la atención que una de las primeras reuniones políticas que tuvo la Plataforma Afectados por la Ocupación fue en 2022 con el PSOE: “La primera medida que dijeron que iba a tomar el propio PSOE era la relacionada con los suministros, es decir, lo que se aprobó la semana pasada en el Senado y que sin embargo, el PSOE votó en contra”, explica Ricardo Bravo a este periódico. 

Y añade: «No entendemos que en los despachos haya un discurso, mientras que en las Cortes haya uno totalmente distinto. Efectivamente, no nos sentimos apoyados, no nos sentimos respaldados. Y lo que hicimos en la comparecencia el pasado martes fue pedir nuestros derechos, porque el Gobierno tiene que ser garante de cumplir los derechos de todos los ciudadanos de este país, incluido el derecho a la convivencia pacífica y el derecho a la propiedad». 

En 2024, según el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, se registraron 16.426 delitos de usurpación y allanamiento de morada en España. La cifra que confirma la tendencia al alza observada en los últimos años, pero no las cifras reales de inquiokupación que se denuncian también por vía civil. El incremento respecto a 2023 fue del 7,14%, ya que en ese año se habían contabilizado 15.289 denuncias.

La comunidad autónoma que concentró el mayor número de incidentes volvió a ser Cataluña, que registró 7.009 casos, lo que representa aproximadamente el 42% del total nacional. Estos datos sitúan a la región como el principal foco de este tipo de delitos en el país.