Economía
Nuevo Consejo de Administración

El nuevo Consejo de Abengoa convoca a la junta de accionistas para el 16 de noviembre

El nuevo Consejo de Administración de Abengoa, que a comienzos de mes logró hacerse con el control de esta compañía en concurso de acreedores, ha convocado a sus accionistas el 16 de noviembre en Sevilla para aprobar las últimas incorporaciones al consejo y votar las polémicas cuentas de 2019.

Según ha publicado este miércoles la empresa en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la junta se someterá a la votación de los accionistas la incorporación de Clemente Fernández González, Alfonso Murat Moreno y Cristina Vidal Otero como consejeros.

Además, se votarán las cuentas de 2019 formuladas por el administrador concursal, EY, que son rechazadas por el nuevo Consejo de Administración, aunque según la consultora PwC expresan una imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad al cierre de ese ejercicio, así como de sus resultados y flujos de efectivo.

Dichas cuentas, que tendrían que haberse aprobado en la junta del 1 de octubre, reflejan unas pérdidas de 487 millones de euros y un pasivo que excede al activo corriente en 649 millones, lo que implica incurrir en situación de concurso de acreedores.

Según el informe de PwC, las pérdidas son producto, entre otros factores, de los fuertes deterioros registrados respecto de sus inversiones en sociedades del grupo, cuya matriz fue declarada en concurso de acreedores en febrero. En la junta también se someterá a votación, con carácter consultivo, del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de la sociedad relativo también al ejercicio 2019.

Primera junta del nuevo consejo

Se tratará de la primera junta dirigida por los accionistas críticos con la deriva de Abengoa, agrupados en AbengoaShares y con el 21,4% del capital, que el pasado 1 de octubre lograron hacerse con el control del Consejo de Administración.

Así, tras la dimisión del hasta entonces presidente, Juan Pablo López-Bravo Velasco, tomó el control de manera provisional Murat, mientras que el expresidente de Amper Clemente Fernández -una de las cabezas más visibles de AbengoaShares (el mayor accionista de la firma sevillana)- también se incorporó al Consejo para ocupar la vacante de Margarida de la Riva, que en mayo anunció su salida.

El nuevo Consejo de Administración, que estará presidido por Fernández, defiende que estos cambios busca «garantizar tanto la paz social como la viabilidad del grupo».

Su intención es que se nombre a Fernández y a José Joaquín Martínez-Sieso como consejeros de Abenewco1, para que así AbengoaShares esté también representada en el máximo órgano de la filial operativa de Abengoa, que aglutina los principales activos y negocio de la empresa y donde permanecerán López-Bravo como presidente no ejecutivo y Álvaro Polo Guerrero.

El anterior Consejo de Administración de Abengoa tenía desde julio suspendidas sus facultades por el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, que las traspasó a EY, junto con los derechos políticos y económicos de la matriz en las filiales.

Pendientes de un rescate

Mientras, Abengoa sigue pendiente del rescate público de 249 millones de euros solicitado a la SEPI y por el momento solo existe una oferta vinculante para hacerse cargo de Abenewco1, la del fondo Terramar Capital, que comprende 200 millones de euros de financiación condicionados a ese rescate y a que la banca aporte nuevas líneas de avales por hasta 300 millones.

AbengoaShares se opone a ese acuerdo de reestructuración de la deuda que les dejaría en una posición minoritaria, así como a la toma de control por parte de Terramar, al que consideran un fondo especializado en el «desguace» de compañías.

Sin embargo, hasta el momento la sindicatura ha fracasado en su intento de encontrar una oferta alternativa a la de Terramar, al retirarse en mayo la familia mexicana Amodio de la puja. AbengoaShares aglutina a un 21,4% del capital social de Abengoa, con lo que es su mayor accionista, mientras que la secretaría de Estado de Comercio tiene un 3,15% fruto de las intervenciones públicas efectuadas en el pasado para salvar a la compañía.